10º-17º
jueves | 18 abril | 2024
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, que ha presentado este miércoles el informe elaborado por el Gabinete Económico del sindicato, ha explicado que el aumento de la masa salarial impulsará el PIB al elevarse el consumo de los hogares, lo que se traducirá en "una creación inmediata de empleo".
"Se ha especulado mucho sobre los efectos del SMI", ha afirmado Sordo y ha añadido que "no se puede deducir bajo ningún parámetro que la subida del SMI haya impactado negativamente en el empleo", en referencia a las previsiones de destrucción del empleo auguradas por el Banco de España, entre otras entidades.
Preguntado sobre si cree que el Banco de España debería disculparse, Sordo ha dicho con sorna que en el sindicato son "más materialista-dialécticos que judeo-cristianos", por lo que prefiere reclamar a la entidad una rectificación de sus previsiones, antes que una petición de perdón.
El informe de CCOO coteja los niveles de permanencia en el mercado laboral de los colectivos beneficiarios de la subida del SMI en el primer trimestre de 2019 y lo compara con los niveles de los primeros trimestres de los cuatro años anteriores.
De ahí se desprende que el 86,8 % de los asalariados con estudios primarios o inferiores se mantiene en su puesto de trabajo, el mismo promedio registrado en los cuatro años anteriores.
El 81 % de los trabajadores con un año o menos de antigüedad permanece también, tasa un poco más alta que la media en los cuatro años anteriores.
Además, las posibilidades de encontrar empleo para los parados con estudios primarios o inferiores han resultado ser superiores a las de años anteriores, según la fuente.
El responsable del gabinete económico de CCOO, Carlos Martín, ha subrayado que las previsiones "más agoreras" no se están cumpliendo, porque el impacto de la subida del SMI se concentra siempre en los primeros meses del año.
Hay "cierto recorrido", en su opinión, para acometer subidas adicionales del SMI, dado que las empresas cuentan con un excedente de financiación de 32.000 millones que deberían reconducir a los hogares y las Administraciones Públicas, a través de los salarios y los impuestos.
