La DGT cambiará la normativa para reducir la velocidad en las ciudades

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, señaló que la Dirección General de Tráfico (DGT) está trabajando ya en la reforma del Reglamento General e Circulación para establecer las condiciones en las que debe aplicarse el límite de velocidad de 30 kilómetros hora en las ciudades.
Además, anunció que en el primer semestre del próximo año estarán listos los planes de medidas para reducir la siniestralidad vial en ciclistas y motoristas, dos de los colectivos más vulnerables junto con los peatones.
Grande-Marlaska pronunció el discurso inaugural de la conferencia internacional “¿De la visión cero al objetivo cero? Liderazgo en la mejora de la seguridad vial” que, organizada por la Fundación Mapfre reunió el Congreso a expertos en seguridad vial de España y de diferentes países, así como de la Comisión Europea.
El titular de Interior recordó que el Gobierno trabaja en la puesta en marcha de diversas medidas porque la evolución reciente del número de víctimas en las carreteras, tanto en España como en otros países, “no ha sido la que nos habría gustado”.
“Tenemos que actuar”, incidió Marlaska, que no obstante quiso poner de relieve la “revolución” que se huzo en España en materia de seguridad vial, aunque se haya producido un estancamiento en los últimos cuatro años.
Entre las medidas que pondrá en marcha la DGT, el ministro quiso comenzar por las relacionadas con la velocidad y recordó que 14 países europeos tienen un límite genérico de 90, ocho de 80 y uno, Suecia, de 70 kilómetros por hora.Precisamente, España es uno de los pocos que tiene un límite de 100, una situación que “se corregirá” durante los próximos meses con la modificación del Reglamento General de Circulación, que tendrá un “impacto importante” en la seguridad, segúb Marlaska. Respecto a la velocidad en las ciudades, la DGT está redactando la modificación del Reglamento General de Circulación para establecer las condiciones en las que el límite de 30 deberá aplicarse en todos los municipios españoles.
Pero Marlaska dejó claro que no se trata de una iniciativa unilateral ni de “imponer un determinado modelo de movilidad”, sino que ciudades, como Madrid, Bilbao, Zaragoza, Málaga o Valencia, además de asociaciones y colectivos, lo solicitaron a Interior: “Esto demuestra que existe un amplio consenso sobre la necesidad de proteger a los usuarios”. l