sábado 5/12/20

El Superior de Galicia falla en contra del fútbol sala

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) ha denegado la adopción de la medida cautelar que había solicitado la Federación Gallega de Fútbol Sala (FGFS) para regular esa disciplina en Galicia

La directiva de la Federación Gallega de Fútbol asume sin ningún tipo de problemas la gestión del fútbol sala federado, según estableció en su día la Secretaría Xeral para o Deporte de la Xunta  | quintana
La directiva de la Federación Gallega de Fútbol asume sin ningún tipo de problemas la gestión del fútbol sala federado, según estableció en su día la Secretaría Xeral para o Deporte de la Xunta | quintana

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) ha denegado la adopción de la medida cautelar que había solicitado la Federación Gallega de Fútbol Sala (FGFS) para regular esa disciplina en Galicia, que seguirá en manos de la Federación Gallega de Fútbol, tal y como había decretado la Dirección General para el Deporte de la Xunta de Galicia.
El auto de la sala de lo contencioso-administrativo del TSXG, que ha sido facilitado por la Federación Gallega de Fútbol (FGF), no entra a valorar si el fútbol sala compete a una u otra Federación, pero al no conceder la cautelar a la FGFS, se mantiene la resolución que había adoptado la Xunta pendiente de la celebración del juicio para abordar el fondo de la cuestión.
El Gobierno autonómico acordó el 30 de junio que la Federación Gallega de Fútbol asumiera las funciones de la especialidad deportiva de fútbol sala y revocó el reconocimiento de la Federación Gallega de Fútbol sala como federación deportiva gallega, por lo que se procedió de forma paralela a la cancelación de su inscripción en el Registro de Entidades Deportivas.
La Federación Gallega de Fútbol Sala interpuso un recurso contencioso-administrativo contra la resolución de la Xunta y pidió la adopción de medidas cautelares para que se suspendiera su ejecución.

Sin perjuicios
El TSXG considera que el perjuicio que la FGFS denuncia “no es de imposible reparación, toda vez que el perjuicio económico, acreditada la solvencia de la Administración”.
Además, entiende que “la resolución que se impugnano reviste, a priori, el carácter de manifiesta y ostensible ilegalidad como para determinar la suspensión de un acto dictado por la Administración en cumplimiento de sus fines”.

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