9º-16º
martes | 23 abril | 2024
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha admitido a trámite la querella interpuesta por apropiación indebida por el fichaje de Neymar ya que podría haber respondido a "una simulación contractual", pero no cree "de urgencia" por el momento citar al querellado, el presidente del club, Sandro Rosell.
En un auto, el juez acoge los argumentos de la Fiscalía pidiendo la admisión y afirma que de la documentación aportada por el Barcelona "se desprenden elementos suficientes" que apuntarían "a una simulación contractual presuntamente llevada a cabo entre los firmantes de los acuerdos" para el fichaje, cuyo montante económico el querellante cree que se ocultó a los socios.
Ruz considera que por el momento no es "de urgencia" llamar a declarar "como imputado" a Rosell, quien ha pedido públicamente al juez que le cite, hasta que no se practiquen varias diligencias que acuerda en este auto, entre ellas pedir a la FIFA la documentación del fichaje y al propio jugador el contrato que firmó con la sociedad N&N, propiedad de su padre, por el que le cedía sus derechos.
También libra una comisión rogatoria a Brasil para solicitar del Santos el contrato de traspaso del jugador y acuerda pedir al Barcelona otros contratos que según el querellante sirvieron también para pagar el fichaje, en concreto unos por 7,9 millones por derechos de tanteo de tres jugadores juveniles del Santos y otros por 9 millones por dos partidos amistosos.
Finalmente, acuerda que una vez analizados los documentos pedidos se cite a declarar en calidad de peritos a los empleados de Deloitte que hicieron la auditoría de las cuentas del Barcelona.
En su auto, el juez rechaza además la personación en la querella del Barcelona como acusación particular, ya que el club no ha acreditado que sea perjudicado por estos hechos ni esté interesado en perseguir el delito, sino que, al contrario, en su escrito defendía que la querella no se admitiera "al no existir perjuicio alguno".
El juez cree que es necesario investigar "las condiciones económicas" del fichaje de Neymar Silva Santos Junior para despejar si hubo "posibles irregularidades con relevancia jurídico penal atribuibles al querellado o a terceras personas".
Ruz sospecha, al igual que el fiscal José Perals, que "la causa y la finalidad" de los contratos para fichar al brasileño pudieron ser diferentes.
Recoge la tesis del fiscal de que hubo dos movimientos sospechosos, uno de ellos la firma en 2011 de un contrato ficticio de préstamo que en realidad era "una garantía" para el futuro fichaje de Neymar y otro la "mutación" de lo que era un acuerdo para su fichaje en una cláusula de penalización del mismo.
El primero es un contrato firmado en Brasil el 15 de noviembre de 2011 entre el Barcelona, Neymar y N&N (empresa de su padre que iba a adquirir sus derechos en 2014) por el que el club manifestaba su intención de contratar al jugador en 2014, cuando terminaran sus derechos con el Santos.
El Barcelona pactó abonar en ese momento a N&N 10 millones en virtud de un "contrato de préstamo" presuntamente simulado, que se trataba en realidad de una garantía para el futuro fichaje y que luego "mutó" a una cláusula de penalización del mismo.
Y es que en el mismo contrato, en el que se acordó que el precio para adquirir a Neymar que tenía que pagar el Barcelona por "derechos federativos y económicos" era de 40 millones (en los que se incluían los 10 del "préstamo"), se estableció una cláusula de penalización en caso de incumplimiento del contrato por importe de 40 millones.
Finalmente, el 3 de junio de 2013 Neymar, N&N y el Barcelona pactaron resolver ese contrato de adquisición porque el jugador se iba a incorporar antes de 2014 al club catalán, en virtud a un acuerdo de transferencia de derechos federativos del Santos que también se firmó por una cantidad que se desconoce.
En ese momento, el Barcelona reconoció que no había cumplido el contrato de 2011 porque el jugador se había incorporado antes al Barcelona y que tenía que abonar la cláusula de penalización de 40 millones a N&N y, en el mismo acto, se firmó el contrato de trabajo del jugador.
Según recoge el juez, en la documentación contable aportada por el Barcelona o bien no aparecen estos pagos o bien se apuntan por conceptos diferentes.
El querellante, el socio del club Jordi Cases, cree que el Barcelona pagó por el fichaje 40 millones a la sociedad del padre de Neymar y 17,1 millones en concepto federativos al Santos, cantidades a las que añade 7,9 millones por un acuerdo sobre tres jugadores del Santos y 9 millones por dos partidos amistosos.
