El club defiende ante la jueza la reelección de Tino

El Deportivo defendió en el Juzgado de lo Mercantil número 2 de A Coruña la legitimidad de la reelección de Tino Fernández, un nombramiento que el accionista Miguel Otero ha puesto en tela de juicio con una doble demanda: una, contra la decisión del Consejo de no acceder a su petición de convocar una Asamblea para anticipar las elecciones y otra, por el modelo de delegación de acciones de la convocatoria posterior que hizo el club para celebrar la Junta en la que resultó reelegido el actual órgano de gobierno deportivista.

El Deportivo rechazó los argumentos de la parte actora y solicitó la desestimación de la demanda con imposición de costas. Tino Fernández indicó que el Consejo de Administración “siempre” ha hecho “todo conforme a la asesoría jurídica del club”.
El conjunto coruñés considera que los acuerdos que adoptó para desestimar la convocatoria de la Junta de Accionistas que había solicitado Otero y convocar, posteriormente, otra, “son válidos y legales”.

Sobre la desestimación de la que solicitaba el accionista, el Deportivo entiende que por una parte ha caducado la reclamación porque la demanda se presentó, en su opinión, fuera de plazo, y, además, cree que el orden del día que proponía Otero escapaba a la lógica ya que dejaba al club en situación de “acefalia”, sin un Consejo de Administración al frente en un momento de “máxima actividad” en el club por la apertura del mercado estival, aún más intenso por el descenso de categoría.

Tino Fernández reconoció que el club, tal y como publicó este diario, no llegó a contabilizar las delegaciones de acciones que presentó Otero. “No se nos dio un número de acciones o accionistas porque todas fueron rechazadas (...) No se encargó ese trabajo”, confesó.

También sostiene el Depor que la demanda debe ser desestimada porque posteriormente convocó una Asamblea con el mismo fin que buscaban los accionistas: elegir al Consejo de Administración. Paralelamente, el Deportivo procedió a incrementar las exigencias de la delegación de acciones porque su asesor jurídico había detectado previamente una “brecha de seguridad” al entender que circulaba en las redes sociales información sobre que el entorno de Miguel Otero manejaba datos del libro registro de socios. “Recuerdo un tuit, pero no recuerdo de quién, parece que del entorno de los que pidieron la Junta, en donde se indicaba eso”, aseguró en el juicio el secretario del Consejo, Enrique Calvete. 

A raíz de esa brecha, el asesor jurídico decidió que las delegaciones de acciones se hicieran con el documento oficial del club, que llevaba marca de agua y código de barras.

También señaló el letrado del Deportivo que la Junta de accionistas que decidió la reelección de Tino Fernández “se celebró sin ningún tipo de problemas, sin que nadie reclamase ni protestase ni pusiera reparos al quórum”.

La parte actora, en cambio, considera que “ha quedado acreditado que el Consejo de Administración en sus reuniones” y decisiones que adoptó vulneró la ley de sociedades de capital al infringir el artículo 168 y actuó con “deslealtad” al rechazar la legítima solicitud de los accionistas pidiendo el cese y nombramiento de los administradores.

Además, criticó que el Consejo no recontara las delegaciones válidas e inválidas que presentaron Miguel Otero y otros socios para determinar si había logrado reunir el 5 por ciento del capital social necesario y, en cambio, las rechazara “en bloque”.

“Se nos han dado dos explicaciones: una velada, que no tiene medios para determinar la validez de las solicitudes, y el orden del día”, apuntó el abogado Rafael Losada.
Para defenderse de los defectos de forma que aduce el Deportivo, consideró también que “es obligación del Consejo redactar el orden del día de forma que sea congruente con lo solicitado por los socios”.

“Nosotros no podemos subsanar orden del día, sino convocar uno nuevo”, había precisado previamente Tino Fernández en la vista

Igualmente, el letrado de Otero sostuvo que la acción de demandar la decisión del Consejo de no conceder la Asamblea que pedía su representado no caducó porque desconocía “el día de inicio del cómputo del plazo previsto en la ley para la impugnación de los acuerdos sociales” puesto que estos se comunicaron a través de la web del club, que no es corporativa (aunque el asesor jurídico del Deportivo se refirió a ella en esos términos).

El Deportivo entiende que los demandantes eran conscientes de dicho acuerdo por la repercusión de la página oficial, porque los medios de comunicación trasladaron el contenido de ese informe y porque Otero y Rafel Losada hicieron referencia a él en dos ruedas de prensa.

Respecto al modelo de delegación de acciones, la parte actora consideró que al modificarlo para solo validar las que se hicieran con el documento oficial del club y marca del agua, se vulneró “el derecho de voto del accionista” al incluir un requisito que no está estipulado ni en los estatutos del Deportivo ni en la Ley de Sociedades de Capital. 

El juicio, en el que declararon tres empleados del club, quedó vista para sentencia.