Cierran la investigación

Cuatro presuntos autores materiales de la muerte de Jimmy en prisión, más de 80 detenidos y medidas para poner coto a los ultras en los estadios. Un mes después de la reyerta que enfrentó a radicales hinchas del Atleti y del Depor, la Policía da por cerrada la investigación. La pelota está ahora en los clubes.

Aún quedan algunas incógnitas por despejar, como la responsabilidad penal e implicación de los presuntos autores en la muerte de Francisco Javier Romero Taboada, ‘Jimmy’, que según fuentes de la investigación será difícil de determinar, ya que los arrestados no han reconocido la autoría y las imágenes disponibles no revelan por ahora cómo intervino cada uno.
Y cuál será la respuesta efectiva de los clubes a los ultras es el otro interrogante aún pendiente de resolver después del escepticismo con el que algunos dirigentes de esas entidades han acogido las medidas para acabar con las manifestaciones violentas, incluidas las verbales, en los estadios.
No eran ni las nueve de la mañana del domingo 30 de noviembre cuando Madrid Río, en las inmediaciones del estadio Vicente Calderón, se convirtió en el escenario de una batalla campal entre 200 radicales de los dos equipos que horas más tarde se iban a enfrentar en un partido de liga: el Atlético de Madrid y el Deportivo de La Coruña.
Según una versión de los hechos, Ultras del Frente Atlético y de los Riazor Blues, apoyados por los Bukaneros del Rayo Vallecano, los Alkor Hooligans del Alcorcón y los Ultra Boys del Sporting de Gijón, habían quedado para pegarse a “mano abierta” -sin armas-, aunque, como se pudo constatar, los radicales utilizaron barras de hierro, bates, palos y todo tipo de elementos contundentes. Los Riazor Blues desmintieron la quedada y hablaron de emboscada.
Once heridos y un muerto -el hincha del Depor Francisco Javier Romero Taboada, a quien arrojaron al río Manzanares tras propinarle una brutal paliza- fue el trágico resultado de esa pelea.
Inmediatamente, la Policía practicó las 21 primeras detenciones, mientras el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, entonaba en nombre de todos el “mea culpa”: “No hemos sido lo suficientemente contundentes con los ultras”, afirmó en una emisora de radio.
El partido no se había declarado de alto riesgo y, por tanto, el dispositivo policial era el previsto para partidos no conflictivos: un centenar de agentes de Policía Nacional, entre antidisturbios, Caballería y guías caninos, así como por 60 agentes de la Policía Municipal.
Tras las primeras detenciones, se abrió la polémica. ¿Conocía la Policía la cita? ¿Informó convenientemente el Depor del desplazamiento a Madrid de los Riazor Blues?
Fue el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, quien, tajante, respondió a esas preguntas en el Congreso: “No les quepa la menor duda de que si la Policía hubiera sabido de ese enfrentamiento, se hubiera puesto el dispositivo”.
“No existe constancia documental del desafío o el reto de ambas aficiones”, enfatizó.
Sin precedentes de incidentes entre las hinchadas y con el “impreciso” correo del desplazamiento de unos 50 Riazor Blues trasmitido por el coordinador de seguridad de la Policía Nacional para el Depor, “no se podía deducir que existiera un riesgo”, zanjó Martínez.
Pero Interior decidió relevar a los dos coordinadores de Seguridad, ambos agentes de la Policía, asignados al Atlético de Madrid y al Deportivo, aunque Martínez dejó claro que la decisión se tomaba “sin ánimo de responsabilizarles de lo ocurrido”.
Mientras la Policía proseguía las investigaciones, que le han llevado a detener en total a 82 personas, el mundo del fútbol se afanó en mostrar una fotografía de unidad con un mensaje claro: No a la violencia.
Decididos a acabar con esas prácticas, la Comisión Antiviolencia actuó de forma inmediata y propuso multar con 60.000 euros y cinco años de prohibición de acceso a recintos deportivos a 88 aficionados que participaron en la reyerta. Gracias a esa unánime voluntad, el CSD, la LFP y la Federación acordaron también otras medidas, entre ellas que los clubes de fútbol que colaboren con los grupos de aficionados violentos puedan descender de categoría, perder puntos o cerrar parcialmente sus estadios. La “tregua” de los violentos duró poco y apenas diez días después de la reyerta dos aficionados del PSG fueron apuñalados tras el partido que enfrentó al Barça y al equipo galo en el Camp Nou.