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viernes | 19 abril | 2024
El problema de convivencia que lleva enquistado desde hace más de cuatro años en los números 15, 17, 19 y 21 de la calle Ribeira Sacra, en Novo Mesoiro, entró ayer en vías de solución tras una reunión a tres bandas entre Xunta, Ayuntamiento y vecinos. El delegado provincial del gobierno autonómico, Diego Calvo, informó a estos de que pensaban abrir cerca de once expedientes, y que se habían iniciado los trámites para desalojar cuatro de las viviendas que han sido okupadas. Pero la reacción de los vecinos no fue la que esperaba Calvo. “Os que causan verdaderamente o problema non son os okupas, se non os veciños da Xunta”, denunció el presidente de la asociación de vecinos de Novo Mesoiro, José Aller.
Distribuidos por estos cuatro portales están los inquilinos del IGVS (Instituto Galego de Vivenda e Solo), algunos de los cuales son considerados el foco del problema, ya que, según los vecinos, se dedican al trapicheo de drogas y a cometer destrozos en los portales y demás zonas comunes, así como a amenazar a sus vecinos, además de no pagar los gastos de la comunidad, que tiene que abonar la Xunta de tarde en tarde. “Son eles e xente afín os que causan os problemas”, insiste Aller.
más ocupaciones
Sin embargo, los vecinos aseguran que Calvo obvió el problema en la reunión que mantuvo con ellos, y se centró en los okupas. Aunque, como advirtió el presidente de la comunidad que reúne los cuatro portales, Javier Mañana, existen bastantes más pisos ocupados, puesto que gran parte del bloque está vacío, y es propiedad del Gobierno autonómico. Este precintó varias puertas para prevenir nuevos allanamientos, pero el problema no se limita a cuatro.
Pero, además, la tarea de expulsar a los okupas se presenta difícil. Primero porque se trata de familias con menores a su cargo y la legislación es especialmente protectora con ellos. De manera que, antes de ser expulsados, es necesario que los Servicios Sociales se encarguen de encontrarles un nuevo acomodo, Por eso a la reunión acudió tanto la concejala de Justicia Social, Silvia Cameán, como la de Participación, Claudia Delso.
Pero el plazo para desalojarles puede alargarse aún más si las familias en trance de ser expulsadas realizan alguna alegación, puesto que entonces sería necesario rebatir el escrito. Aún así, el presidente de la comunidad reconoció sentirse “satisfecho a medias”.
“O que queremos nos é un control real do que está ocurrindo alí”, exigió Aller, que fue más crítico con la actuación de la Xunta: “Todo o que obtuvimos son promesas”. Para él, la apertura de unos expedientes no significa una solución real, que ponga fin a la situación que llevan viviendo los vecinos durante tanto tiempo.
De hecho, los vecinos fueron convocados a una comisión por el Ayuntamiento, que también solicitó la presencia de la Xunta, para adoptar soluciones al problema. Pero el Gobierno autonómico no envío delegados.
