La Xunta invirtió en la Risga 17 veces más que el Consistorio en la renta social

La Xunta invirtió en la Risga 17 veces más que el Consistorio en la renta social
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La Xunta utilizó durante el año pasado 6.718.197 euros para la Renta de Integración Social de Galicia (Risga) entre los beneficiarios de la ciudad, una cantidad 17 veces superior a los 394.000 euros que el Gobierno local ejecutó durante el mismo período para la renta social municipal, uno de sus programas estrella.
Esta cantidad cercana a los siete millones de euros que la administración autonómica destinó a esta ayuda a familias en riesgo de exclusión social se repartió entre 1.188 beneficiarios, una cifra que se mantiene similar con respecto a la de ejercicios anteriores en la ciudad.
La diferencia entre la ayuda autonómica y la prestación municipal es considerable de acuerdo a estos registros. La renta social municipal fue puesta en marcha en septiembre de 2016 y nació con la intención, según explicaron los propios miembros del equipo de gobierno, de asistir anualmente a un millar de familias en la urbe coruñesa.
Esa es la cifra en la que se movió en los últimos años la Risga, mientras que la renta social estuvo cerca de llegar a los dos centenares el año pasado, su primer ejercicio completo desde su implantación.
Cabe recordar que uno de los requisitos para poder ser beneficiario de la renta social municipal es no percibir otras ayudas de carácter similar, entre ellas la Risga. Es por esta misma razón que la aparición de la renta social no sirve para ayudar a muchas de las familias de la ciudad que se encuentran en situación de riesgo de exclusión.

El SAF, en segundo puesto
Los cerca de siete millones de euros que la Xunta empleó para la Risga durante el último ejercicio suponen la mayor parte de los 10.124.916 euros que la administración autonómica empleó el año pasado en la ciudad en lo referente a ayudas sociales.
Además de la ya mencionada, otros 2.660.446,87 euros se dedicaron al SAF, el Servizo de Axuda no Fogar. Este programa está destinado a personas que tienen limitada su autonomía personal. 
En este servicio, el coste inicial de cada hora del servicio son 13,85 euros y a este importe se le minora el de participación de la persona usuaria y la cantidad máxima que abona la Xunta es de 9,70 euros.
En el tercer escalón aparecen las ayudas para la vivienda, para las que se utilizaron 573.366 euros. Estos se repartieron de la siguiente manera: 456.876,48 para alquiler, 110.685,00 para el bono de alquiler social, y 5.805,30 para el Programa Aluga. Luego están las de inclusión social, que sumaron 111.449,06 euros durante el año pasado. Estas ayudas se dividen en varios programas, siendo las de atención sanitaria las que más fondos congregaron, con 35.074,85 euros, que se repartieron entre 37 ayudas.
Mientras, a las necesidades primarias se destinaron 25.634,99 euros divididos entre 26 ayudas, y 21.359,28 euros fueron para las de uso de la vivienda, de las que se beneficiaron 20 personas. Por último en esta categoría aparecen las ayudas para habitabilidad de la vivienda, con 15.806,33 euros, y de equipamiento mobiliario básico, con 13.573,61. De estas se beneficiaron seis y quince personas, respectivamente.

Las menos cuantiosas
Las ayudas a las que se destinaron menos fondos durante el ejercicio pasado fueron el Ticket eléctrico y las Aux. La Xunta utilizó 36.732 euros para la primera de ellas tras aceptar 194 de las 2016 solicitudes. El Ticket eléctrico es una subvención por importe de una cantidad fija de 180 euros al año para las unidades de convivencia que cumplan los requisitos y de 300 euros al año para las que acrediten ser familia numerosa. Además, para ser beneficiario es necesario que convivan con menores de 18 años o discapacitados cuyos ingresos totales de la unidad de convivencia no superen ciertos baremos.
Por su parte, el Aux consiste en una ayuda para evitar el corte de suministro de gas o electricidad en el momento en el que se recibe un aviso de la compañía. De 484 peticiones se aprobaron 422.
Sujetas a ciertos baremos económicos y cuando haya facturas pendientes de pago una vez superada la fecha límite, la administración autonómica como máximo se hace cargo de hasta dos facturas o 200 euros cuando se produzcan las situaciones anteriormente señaladas.

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