La Xunta empezó a inspeccionar a Crespo meses después de que lo hiciese el juzgado

La Fiscalía Superior de Galicia recibió en abril de 2012 un informe de la directora xeral de Formación e Colocación en el que este departamento autonómico daba cuenta de una serie de irregularidades detectadas en varias entidades sin ánimo de lucro –a saber, Fundefo, ADE Galicia, el sindicato USO Galicia, Feaga y la asociación provincial de hostelería de A Coruña–, que estaban percibiendo subvenciones dentro de los programas integrados de empleo. Varias de ellas operaban bajo la tutela directa del empresario coruñés Gerardo Crespo, uno de los principales implicados en lo que la Policía denomina operación “Zeta”, que, entre otras cuestiones, investiga el cobro fraudulento de subvenciones para cursos de formación. En la fecha en que la Xunta remitió esa documentación el juzgado de instrucción 6 llevaba ya varios meses observando los movimientos empresariales de Crespo y el que está considerado su socio en la trama ilegal, el presidente de la Confederación de Autónomos, Caype,  Eliseo Calviño.
Así lo acredita un auto de ese juzgado fechado en diciembre de 2011, en el que el magistrado instructor habla de una “posible y probable participación” de Calviño y Crespo en la comisión de un delito contra la Hacienda Pública por fraude de subvenciones, y autoriza la interceptación de las comunicaciones telefónicas del primero de ellos.

voluntaria
Esta misma semana, el presidente de la Xunta atribuía a su administración el inicio de la investigación sobre las empresas de los principales encausados en la operación “Zeta”, una afirmación que días antes defendía también la conselleira de Traballo, de cuyo departamento partió el informe de irregularidades enviado al Ministerio Público.
No obstante, los documentos que constan en el sumario marcan el inicio de la investigación en un hecho distinto, la comparecencia de voluntaria de dos exempleadas de Caype en la Policía para alertar de las irregularidades detectadas en la sede de esa asociación.
Según se recoge en los autos, fueron sus declaraciones sobre el modo en que esta organización sin ánimo de lucro obtenía subvenciones  a través de varias empresas dirigidas por Crespo lo que llevó al grupo de delincuencia financiera y fiscal de la Policía Judicial a indagar.
Así se recoge también en el informe de conclusiones fiscales del grupo de investigación, en el que se dice que habla de un “escaso control de la administración” en el seguimiento de las subvenciones concedidas, si bien es cierto que también alude a los controles llevados a cabo por la Xunta sobre las empresas ya reseñadas por las irregularidades detectadas en la ejecución de los programas integrales de empleo concedidos entre 2011 y 2012.

revocadas
En esos controles, realizados entre febrero y marzo de 2012, dan pie a la revocación de las ayudas autonómicas, ante el incumplimiento de la orden reguladora de estos planes de empleo. El informe policial habla de “claras irregularidades” en la ejecución de estos planes, que se concretaban en la inexistencia de material didáctico, no utilización de la lengua gallega (requisito “exigido”), la inexistencia de personas al frente del plan o la aparición de facturas de “dudosa legalidad”; en algunos de los casos, estas eran anteriores a la ejecución del plan en cuestión.
En otros casos, los inspectores detectan una “discordancia grave entre lo ofertado para lograr la obtención de la subvención y lo realmente existente”, o la inexistencia, por ejemplo, de un jardín de infancia o de una plataforma informática que sí se ofertaban. En una de las visitas, y tal como se refiere en el mismo informe policial, una empleada de Azetanet, la consultora propiedad de Gerardo Crespo de la que toma nombre la investigación judicial, reconoce que los cursos “no se han llevado a cabo”, tal como acreditaría posteriormente la instrucción.
Las escuchas policiales a Gerardo Crespo destapan cómo Crespo reconoce, tras la revocación de los cinco planes de formación que fueron objeto de investigación por parte de la Xunta a principios de 2012, que “la administración autonómica nunca le había controlado la ejecución de sus cursos” hasta aquellos momentos, cuando la instrucción judicial ya había comenzado a dar sus frutos. n