Urbanismo logra un principio de acuerdo para desalojar el Ofimático

Urbanismo logra un principio de acuerdo para desalojar el Ofimático
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Después de dos desencuentros, la oposición y el gobierno local consiguieron sentarse junto con los expropiados y los cooperativistas del Parque Ofimático y aunar posturas en la resolución del problema que suponen la existencia de personas que aún viven en los terrenos de la futura urbanización. Fue una reunión tensa y no exenta de sobresaltos la que tuvo lugar durante la mañana de ayer en la Concejalía de Urbanismo, tras la que se pudo llegar a lo que el edil del área, Martín Fernández Prado llama acuerdo y el resto “principio de acuerdo” o “declaración de intenciones” para comprar los derechos de aprovechamiento urbanístico de los 14 expropiados, cuatro de los cuales están afectados por una orden de desalojo urgente.
De esta manera se da el visto bueno al plan para que la Administración local –probablemente a través de la Empresa Municipal de Viviendas, Servicios y Actividades (Emvsa)– compre los derechos de los expropiados, construya los pisos y le entregue a los antiguos dueños las viviendas que les corresponden por el valor del suelo que es de su propiedad, puesto que cuando les expropiaron les compensaron con terrenos y dinero, convirtiéndoles en una especie de promotores. 
“Esta medida abre campos y posibilidades que hay que matizar”, advirtió el edil de Urbanismo, Martín Fernández Prado que insistió no va a ser la misma “para unos que para otros”.
La oposición (PSOE, BNG y EU) no estaba convencida de la legalidad del plan y César Santiso, edil de EU, explicó que temían que suponga una brecha por donde puedan colarse los promotores inmobiliarios “para baleirar as arcas municipais”, y se negaron a acudir a las reuniones que programaba Prado. Solo después de que el Ayuntamiento accediera a incluir los informes de los técnicos municipales, han apoyado la medida. 
Esta incluye también el derecho de realojo para los expropiados del Ofimático, lo que es importante porque la primera orden de desalojo entra en vigor a final de mes. Prado asegura que el gobierno local pretende salvaguardar los derechos de los cooperativistas, que tienen derecho legal a construir en ese terreno, y no quiere esperar. Tampoco la jueza, que emitió una nueva orden de desalojo la misma mañana de ayer después de que se demostrara que la anterior presentaba errores.
Esta orden afecta a Manuel Martínez Ramallo, un octogenario que deberá abandonar la casa en la que ha vivido la mayor parte de su vida. Como parte del acuerdo, el Ayuntamiento le ofrece la posibilidad de escoger entre tres viviendas municipales en alquiler puesto que su casa se encuentra justo en la parcela donde se levantarán las viviendas de la cooperativa A Carnocha, que ya está lista para empezar a construir.
Ramallo, como todos sus vecinos, deberá negociar por separado con el Ayuntamiento el precio de su vivienda, en lo que se presuponen unas difíciles conversaciones. Los demás expropiados recuerdan que no han “firmado nada” y que distan mucho de estar satisfechos con su situación, puesto que deben hacer frente a las cuotas de urbanización por su condición de promotores. De hecho, no han desconvocado sus movilizaciones semanales. n

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