Un informe denuncia sobrecostes en los alquileres sociales de exchabolistas

Un informe denuncia sobrecostes en los alquileres sociales de exchabolistas
los últimos chabolistas abandonaron penamoa hace exactamente un año susy suárez

En un momento en el que el acceso de la vivienda se ha vuelto un tema candente, es importante que las familias gitanas del antiguo poblado de Penamoa, en situación de exclusión social, sean las que más ayudas reciben. El Ayuntamiento mantiene un convenio con la Fundación Secretariado Gitano, firmado en junio del año pasado, por el que 317.000 euros van a parar ayudas a la vivienda. En total, son cincuenta familias las que aún residen en los pisos en los que fueron realojados. Y la razón de que la partida sea tan alta es que el Ayuntamiento paga un sobrecoste a los dueños de los pisos por hecho de que los alquilados sean de etnia gitana, un sobrecoste que puede llegar a ser del 25% según los casos.

Así lo afirma el sociólogo Santiago Avión, antiguo responsable territorial de la Fundación Secretariado Gitano (FSG) y uno de los artífices del Plan Especial de Penamoa: “En realidad, es una práctica bastante habitual. Hay muchísima discriminación, y aunque el acceso a la vivienda no es una de las cosas de las que más se quejan ellos (los chabolistas de etnia gitana) sí es una de los más importantes”. La razón de que la Concejalía de Servicios Sociales durante la última etapa socialista aceptara esto es que se trata, según Avión, de una práctica habitual en cualquier realojo chabolista. “No es algo extraño en absoluto”, insiste.

“No era una situación óptima”, reconoce Avión. Si bien en un principio fue necesario pagar estos costes, en su su informe del estado del chabolismo en Galicia en 2012 deja claro que ya no es justificable: “La eficiencia del gasto, obvia en la primera fase del proceso de realojo, a día de hoy es cuestionable: se pagan indefinidamente precios por encima del valor del mercado”. El sociólogo considera que esta política “se convierte en una fuente de enorme ineficacia pública y de arbitrariedad en las situaciones”.  Por otro lado, cinco familias han abandonado los pisos de alquiler para trasladarse a pisos de propiedad municipal, aunque esto no se traduce necesariamente en un ahorro.

No todos son alquileres sociales. De las 64 familias que participaron en el Plan Especial, por lo menos una decena optó por una hipoteca. Pero, según el   sociólogo, la “inseguridad jurídica” que rodeó el proceso afectó a los avales de los contratos y, según el sociólogo, “no está muy claro qué se les dijo a los exchabolistas sobre quién les avalaba. Pero nadie puede creer que se aprobara un contrato de hipoteca sin aval”. En su día, el gobierno local reconoció que se habían tramitado hipotecas a sabiendas que los exchabolistas quizá no podrían pagarlas. Avión es rotundo: “En ningún momento existió una proporcionalidad entre las cargas y las posibilidades económicas”.

Un informe denuncia sobrecostes en los alquileres sociales de exchabolistas

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