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sábado | 20 abril | 2024
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El sistema de telecomunicaciones Tetra de la Policía Local vuelve a originar polémica después de que en la sede de UGT se revelara que el dispositivo, que costó cerca de 790.000 euros, aún no está completamente instalado porque falta una de las cuatro antenas repetidoras que la empresa adjudicataria se comprometió a colocar, lo que causa zonas oscuras, en las que no hay cobertura. De hecho aseguró Luis Baneira, el secretario general de la Federación de Servicios Públicos el Ayuntamiento aún no ha dado por recepcionada la obra.
Dicha antena debía instalarse en la jefatura de la Policía Local, en Orillamar. El sindicato conoce estos datos a través de un agente del 092 al que defienden de lo que consideran un caso de acoso laboral: el agente estaba desarrollando labores de técnico en comunicaciones hasta hace poco, cuando una orden del jefe de Policía Local, Antonio Alfeirán, le prohibió hacerlo. Según Baneira, esa orden habría surgido en una primera instancia del inmediato superior de Alfeirán, el director de Seguridad Ciudadana, Germán Lago.
Baneira, acompañado del secretario comarcal de UGT, José Carrillo, puso de relieve el perjuicio que supone para el agente este cambio, dado que echa a perder años de formación continua en materia de telecomunicaciones. Por su parte, Carrilo advirtió de que sus servicios jurídicos están estudiando la posibilidad de una demanda judicial.
Irregularidades > En realidad, el caso de este policía/técnico es solo un capítulo más en la larga serie de irregularidades que rodean la implantación de un sistema digital de telecomunicaciones para la Policía Local y que comenzó en 2007, con la llegada de Lago a la dirección de Seguridad Ciudadana procedente de las filas de la Policía Nacional.
En aquel entonces, Lago consideró prioritario que los agentes municipales contaran con un sistema de radio digital encriptado que les protegiera de las escuchas de scáner, como ya tenía la Policía Nacional. Por eso su idea original era que el Ayuntamiento adquiera el mismo sistema, de manera que podría beneficiarse de una infraestructura (antenas) ya montada y ahorrar coste, además de poder contar con un sistema de eficacia probada.
Sin embargo, el gobierno local insistió en tener un sistema propio, pese al sobrecoste que eso implicaba, y la Dirección de Seguridad Ciudadana convocó un primer concurso del que salió un pliego de condiciones que fue aceptado. Solo cuando el Ayuntamiento comenzó el proceso de adjudicación empezaron a llover las críticas, así que se retiró el pliego y se convocó una nueva mesa.
Ésta fue convocada no por la Dirección de Seguridad Ciudadana, sino por la de Personal. En esa mesa estaba incluido el policía local que defiende UGT en calidad de técnico. Este pliego de condiciones sí que provocó un escándalo, porque representantes de varias empresas que optaban al concurso protestaron por el hecho de que se dividiera en cuatro contratos de menor cuantía para evitar que se impugnara por vía administrativa, así que dos de ellas denunciaron el documento en un caso que fue admitido a trámite en el juzgado.
No mucho después, el policía en cuestión, que según UGT, se encuentra actualmente de baja debido al estrés, recibió la orden verbal de que dejara de ocuparse de las labores técnicas, e incluso de que no volviese a hablar con los técnicos de la empresa adjudicataria (Acisa) que se encargan del mantenimiento, labor por la que la empresa en cuestión cobra más de 80.000 euros al año.
