Los testigos apuntan a servicios por parte de personal público en Meirás

La primera de las sesiones del juicio por la propiedad de As Torres de Meirás abundó en las posiciones antagónicas que demandantes y demandados mantienen sobre el pazo ya que apenas existen espacios de coincidencia entre las partes: mientras los testigos propuestos por los Franco señalan que ninguna administración se “hizo cargo” del inmueble tras la muerte del dictador, según expusieron en su declaración, los llamados por la Abogacía del Estado apuntaron al uso de personal de administraciones y de fondos públicos para labores de mantenimiento y vigilancia, en este último caso por parte de guardias civiles, que se encargaron de Meirás hasta varios años después de la muerte de Franco.

“A mi abuela la expulsaron de su casa”, expuso uno de ellos, vecino de Meirás, a preguntas de la Abogacía del Estado en relación al “proceso coactivo” que, según sostienen los demandantes, hubo en relación al proceso de adquisición por parte de los Franco. El Estado, a cuya demanda se suman también la Xunta, la Diputación y los ayuntamientos de Sada y A Coruña, defiende también que la escritura de 1941, por la que se habría adquirido el inmueble, es una “venta simulada”, algo que niegan los letrados de los Franco. En su caso, argumentan que se trata de un documento legal y que el pazo es una “propiedad privada”, de la que el Estado y las demás administraciones se desentendieron.

Así, en intentar demostrar o negar estos planteamientos se centraron las interpelaciones de los abogados durante la primera sesión del juicio en A Coruña.

El primero en declarar, un guardia hortelano, que desempeñó sus funciones como tal entre los años 1982 y 1990, se mostró rotundo: “A mí me pagaba la Guardia Civil”, precisó a preguntas de la Abogacía del Estado este testigo, que también apuntó a que, tras el incendio de 1978, en cuya extinción intervino el Ejército según los testigos, el inmueble no se encontraba “en condiciones” de ser usado y que nadie se alojaba entonces en Meirás.

Otro testigo, el vecino de Meirás que expuso como a su abuela, viuda y con hijos, la “presionaron” para abandonar su casa, señaló que había guardias civiles vigilando el inmueble, una función que se mantuvo hasta principios de la década de los ochenta, así como “trabajadores de la Comandancia de Obras y jardineros del Ayuntamiento de A Coruña para preparar el pazo” para las estancias de los Franco en Meirás.

“Desde finales de los 50 hasta la muerte de Franco”, aseguró este testigo que, con todo, añadió que “a raíz del incendio no los veía”, pues su presencia en el inmueble se limitó a unos “días” en verano y cuando hubo una boda, en 1996. Preguntado sobre el estado del pazo entre 1978 y 1990, indicó que desde fuera se veía “abandonado o semiabandonado” hasta que “a mediados de los 90 empezaron a llevar gente que tenía tractores”. Sí ratificó la presencia de Carmen Franco en Meirás a partir del 2000, limitándola a “15 o 20 días”. Preguntado por el letrado de los Franco, si las administraciones “hacían algo” en el inmueble desde los 80, manifestó que “no”, en referencia a la presencia de personal de estas. Un funcionario del Ayuntamiento de A Coruña sostuvo que en los 60 “y algunos años de los 70” los bomberos de esta ciudad “llevaban agua al pazo”. l