martes 22/9/20

Stop Desahucios denuncia las trabas burocráticas a los solicitantes de la Renta Social

Los beneficiarios tienen que renovar la ayuda cada mes y cuando necesitan una prórroga la concesión se atrasa

La concejala Silvia Cameán se encarga de gestionar este programa desde su departamento
La concejala Silvia Cameán se encarga de gestionar este programa desde su departamento

La plataforma Stop Desahucios Coruña acusó ayer al Ayuntamiento de generar muchos problemas burocráticos a las familias necesitadas que se benefician de la Renta Social y que deberían vivir con mayor tranquilidad gracias a esta línea de apoyo económico puesta en marcha en 2016. Los miembros del colectivo critican, por ejemplo, que la concesión de las ayudas no se haga por períodos más largos y se obligue a los usuarios a acudir todos los meses al departamento de Servicios Sociales a revisiones para renovarlas.

Stop Desahucios habla en positivo de la aprobación y estreno de la prestación económica municipal conocida como Renta Social hace unos dos años porque hace que personas que carecen de ingresos puedan vivir un poco mejor durante un tiempo, con margen para buscar una recuperación del poder adquisitivo. Sin embargo, ayer denunciaron que las gestiones que lleva aparejadas este programa son bastante incómodas porque los beneficiarios “teñen que acudir mensualmente, na maioría dos casos, a citas de seguimento cos Servizos Sociais aportando toda a documentación e información que lles é requerida”. 

Pese a que esto no hace que el pago de la prestación –que en muchos de los casos permite hacer frente al alquiler de una vivienda– se suspenda, la agrupación considera que se podría dar una mayor estabilidad a los coruñeses que pasan por una situación delicada. 

“Entendemos que non existe ningún motivo para que a renovación semestral non se faga de xeito automático”, resaltan, porque así bastaría con acudir tres veces a hablar con los trabajadores sociales, dado que la duración máxima de la subvención es de 18 meses. 

Compromiso incumplido 
Los miembros del colectivo, que aseguran que ya han transmitido su preocupación en distintas ocasiones a la Concejalía de Justicia Social y Cuidados que dirige Silvia Cameán sin que las promesas se hayan cumplido, también afean que para renovar la ayuda pasados los 18 meses iniciales la burocracia vuelva a ser una traba.

En este sentido, estiman que mientras tramitan la prórroga pasas unos “tres meses durante os que fican de novo sen ingresos cos que poder afrontar gastos de suministros e alimentación”. Si bien es cierto que el Gobierno local se hace cargo de los gastos en vivienda, “obrigan a relatar a súa situación ao propietario da vivenda” arriesgándose a que este opte por un desahucio como medida de precaución.

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