La situación de inseguridad en Palavea aumenta con nuevos episodios violentos hacia los okupas

Durante la noche del viernes se produjo un incidente violento en el número 56 de la calle Bustos, cuando decenas de personas lanzaron piedras al portal del edificio okupado en el barrio de Palavea. Allí vive, entre otras, una familia con menores a su cargo que se instalaron en el bloque “por necesidad”. Relatan que no causan problemas y ahora denuncian su preocupación ante los ataques que, según aseguran, reciben de forma diaria. “Nos han roto el portal con piedras las dos últimas noches”, dice uno de los okupas del edificio. 

Este hombre vive con su mujer, embarazada, y dos hijos. “Tenemos ataques de ansiedad y mi hija tiene miedo de salir a la calle, hay incluso pintadas que piden que nos vayamos de aquí”, indica, y añade que “no entiendo por qué vienen a por nosotros si no causamos problemas”. En el mismo número de la calle de Bustos vivía hasta hace pocos días una familia a la que echaron por causar problemas, algo que “entendíamos la inseguridad que causaba, pero nosotros no merecemos ser atacados”, dice. Esta familia, tal y como comenta el hombre, lleva más de ocho meses esperando una vivienda de protección oficial. “Nos lleva el caso la asistente social pero todavía tenemos que esperar”, reconoce.

El presidente de la asociación de vecinos del barrio, Manuel Gómez, explica que el ambiente es muy inseguro, pero que se desvincula de estos hechos. “Desde la asociación nos alejamos de la violencia y actuamos por la ley. No queremos episodios que generen problemas”, afirma. Ante el anuncio de la subdelegada del Gobierno en A Coruña, Pilar López Riobóo, de incrementar los dispositivos de seguridad, Gómez explica que “sí que hay más presencia de agentes”.

Una okupación en Perillo
Mientras, una familia compuesta por un matrimonio joven, dos niñas y “unos abuelos” okuparon el viernes por la tarde tres casas abandonadas que están pegadas a la pasarela blanca de la N-VI en la avenida das Mariñas, Perillo. Nuria Fernández, la dueña de estas casas heredadas, se encontraba en medio de un acuerdo con un constructor para vender la propiedad. “Unos ingresos muy necesarios ya que ahora mismo estoy en ERTE y tengo hijos”, cuenta. Estas negociaciones se han visto ahora truncadas, lamenta Fernández, que denunció lo ocurrido el viernes tras recibir “amenazas” por parte de los asaltantes. Al haber menores de edad en las viviendas, “las autoridades no pueden hacer nada por el momento, y es preocupante porque son casas abandonadas y no están en condiciones para vivir en ellas”, asegura. En menos de 24 horas, los okupas ya han conseguido acceso a luz y agua, y disponen de “ordenadores conectados”. Además, Fernández vive una situación surrealista, y es que “ayer salieron de casa a comprar café y bollos para desayunar, con toda la tranquilidad”, concluye.