Domingo 16.06.2019

Los sindicatos acataron las bases del concurso de personal pese a su recelo

Pidieron que se hiciese en una fase y no en dos, pero el Ayuntamiento advirtió de un posible caos administrativo

La sentencia sobre las comisiones de servicio afecta a más de 150 trabajadores de diferentes dependencias municipales | pedro puig
La sentencia sobre las comisiones de servicio afecta a más de 150 trabajadores de diferentes dependencias municipales | pedro puig

Las tres centrales sindicales que acordaron con el Gobierno local las bases del concurso de traslados acataron la propuesta municipal de hacerlo en dos fases a pesar de que habían defendido que se llevase a cabo en una convocatoria única.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), la Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO) fueron las tres centrales que acordaron con el Ayuntamiento las bases del concurso, aunque ayer aclararon que el resultado final no era la opción que ellos había planteado en un primer momento y que fue desechada por parte del Consistorio.

“Los tres sindicatos somos partidarios del concurso de traslados único, empezando por los concursos específicos”, explicaron ayer los tres sindicatos, que detallan que así se lo comunicaron al Gobierno municipal en las diferentes reuniones que mantuvieron ambas partes en las mesas generales de negociación.

A pesar de que consideran que esta sería la opción más adecuada, señalan que tuvieron que ceder ante el planteamiento formulado desde el área de Personal y para que prevaleciese el correcto desarrollo de la actividad administrativa.

Estas centrales sindicales indican en un comunicado que se les comunicó desde Personal “de manera reiterada” que debido a la situación actual de temporalidad de los trabajadores municipales, entienden que provocada por el hecho de que en los últimos 10 años no se realizase ningún concurso, podría tener efectos negativos sobre el funcionamiento diario de la Administración.

Numerosos movimientos
Desde el Ayuntamiento les comunicaron que esta situación provocaría “numerosos movimientos del personal”, lo que podría conllevar un “caos organizativo que paralizaría el Ayuntamiento”.

Así, relatan que desde María Pita se les comunicó que resultaba “inviable” llevar a cabo el concurso de traslados en un único proceso. De esta manera y “por el bien general y frente a la opción de que no se llevase a cabo un concurso tan necesario”, los sindicatos aceptaron que el proceso se realizase en dos fases.

Sin embargo, CSIF, UGT y CCOO explican que el acatamiento de esta estructura estaba sujeto a una serie de condiciones. Estas son que se debían conocer los puestos que quedaban pendientes para el segundo concurso en el momento de presentación de instancias del primero, y que la segunda fase comenzase antes de final de año.

Esta última condición parece bastante difícil que se vaya a cumplir, ya que a falta de menos de un mes y medio para el final del año todavía no se conoce la fecha en la que tendrá lugar la primera fase.

Frente a la postura de estos tres sindicatos está la de la otra central, la Confederación Intersindical Galega (CIG), quien se desmarcó del acuerdo con el Gobierno municipal y ya anunció que recurrirá ante los tribunales el concurso.

La convocatoria de este proceso fue la herramienta utilizada por el Ayuntamiento para alegar ante un juzgado de lo contencioso-administrativo ante la demanda formulada por la CIG sobre las comisiones de servicio (designaciones discrecionales de puestos funcionariales).

La semana pasada se conoció que el juzgado daba la razón a la central sindical y que se ordenaba al Ayuntamiento a anular más de 150 comisiones de servicio realizadas durante los tres últimos mandatos municipales, incluido el actual, y que los afectados volviesen a sus puestos anteriores al nombramiento. El Ayuntamiento anunció que recurrirá esta sentencia, por lo que la ejecución de la orden judicial tendrá que esperar.

La CIG, además de la demanda judicial, también había llevado el asunto ante la Fiscalía Provincial, órgano que estimó que debía de ser el juzgado contencioso-administrativo el que se pronunciase antes de tomar posibles medidas. Después de la sentencia, y siguiendo las órdenes del Ministerio Público, la CIG remitió a este organismo tanto la resolución como una lista de las comisiones de servicio que superaron los dos años que se pueden mantener como máximo. En esta se indica el puesto, la fecha de inicio, en algunos casos la justificación que dio lugar y notas relacionadas con las comisiones.

Listado
Los sindicatos indican que llevaron a cabo este listado unos días antes del juicio porque el Ayuntamiento había presentado “un exceso de documentación (4 tomos con un peso total de 8,2 kilogramos) co fin de dificultar a comprensión da realidade”.

La CIG entiende que “unha documentación deste volume o xuíz non a ía a ler” y que por eso elaboraron este listado, a pesar de que el abogado tenía un resumen de estos documentos que aportó durante el juicio.

Además, la CIG añade cinco expedientes con nueva documentación que fueron aportados por el propio Ayuntamiento durante la celebración del juicio, “para que a Fiscalía os revise e valore a súa legalidade”.

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