El sector inmobiliario achaca a la situación política la escasa creación de vivienda protegida en la ciudad

El sector inmobiliario  achaca a la situación política la escasa creación de vivienda protegida en la ciudad
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La inestabilidad política no solo crea inseguridad económica y social. El sector inmobiliario también sufre las consecuencias y relaciona este malestar con los malos datos registrados en el último cuatrimestre, que no ha sido positivo para A Coruña. La concesión de licencias de obra nueva sigue congelada y la de rehabilitación es insuficiente para que el motor inmobiliario funcione de manera satisfactoria. Así lo indica el presidente de la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein), Benito Iglesias, que afirma, además, que la urbe herculina todavía necesita 1.200 viviendas de protección oficial.

“La demanda social es la misma que hace cinco meses y la okupación preocupa mucho a los ciudadanos de la ciudad”, explica. Dentro de este factor al que temen muchos coruñeses, el presidente de Fegein distingue dos variables: “la okupación de gente que se ha visto desahuciada y que no tiene un parque de vivienda social al que acudir; y los okupas de mafias organizadas”.

La renta per cápita es otro de los factores principales que influye en el escaso movimiento inmobiliario. “La capacidad adquisitiva de la gente no va acorde con los precios del mercado”, dice Iglesias, para añadir que “estas personas buscan una vivienda por menos de 150.000 euros porque algo de precio superior es imposible, y la vivienda usada conlleva una reforma posterior que también es costosa”.

Urgencia social

Según el último informe de la Federación de Empresas Inmobiliarias, A Coruña se trata del segundo gran municipio con mayor demanda de viviendas protegidas. Después de Vigo, con una necesidad de 2.000, la urbe coruñesa precisa de 1.200 para satisfacer las necesidades de los ciudadanos. En el escenario autonómico, la demanda supone un total de 5.000 viviendas para actuar como plan de choque para dar solución a miles de familias gallegas que no tienen poder adquisitivo para tener en propiedad un hogar o un piso arrendado en el mercado libre. La solución para esta incertidumbre no parece estar cerca, tal y como indica el presidente de Fegein. “En A Coruña parece que hay voluntad de desatascar las licencias de obra pero siguen bloqueadas”, explica.

Todo ello se debe a la “prudencia y cautela” con la que está reaccionando el mercado ante los cambios del Ejecutivo. “El Plan de Vivienda Estatal termina ahora y todavía está en el limbo qué va a ocurrir con los alquileres con la Ley de Arrendamientos y con la intervención en la vivienda”, reconoce. Todos estos interrogantes dejan un clima “poco positivo” que no genera economía.

El mercado se encuentra en suspensión, a la espera de una estabilidad del Gobierno central. “Todavía no se sabe quién va a gobernar ni quién va a ser el ministro o ministra que se encargue de Vivienda”, sostiene Iglesias, que, además, se muestra contrario a la intervención del sector público en el campo inmobiliario: “el mercado se autorregula y no precisa de intervenciones externas, porque lo que provocan es que afecte de manera negativa”, concluye.

El sector inmobiliario achaca a la situación política la escasa creación de vivienda protegida en la ciudad

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