Los principales pilares del empleo cargan contra la gestión municipal de la Marea

Los principales pilares del empleo cargan contra la gestión municipal de la Marea
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La gestión de Marea Atlántica al frente del Gobierno municipal ha sido puesta en duda en diversas ocasiones por actores de  ámbitos muy dispares de la ciudad. Una de las últimas polémicas sobre el asunto surgió en el marco de un debate con el resto de fuerzas políticas con representación en el Consistorio en la sede de la Asociación de Emprendedores de Galicia (Ascega) esta misma semana. Sin embargo, nunca antes los dos sectores que engloban la mayor parte del empleo en A Coruña habían criticado de una manera tan directa las políticas y las formas de actuar del Ejecutivo municipal como hasta ahora. Tanto los hosteleros como los comerciantes están preocupados por temas que tocan de cerca a sus economías, tanto por la falta de grandes eventos que atraigan gente al municipio como por los problemas puestos para pagar las subvenciones.
Los ámbitos que más empleo generan en este momento entre los coruñeses suelen mantenerse bastante al margen de polémicas pero las últimas decisiones políticas del Consistorio han acabado con su paciencia. Según el Instituto das Cualificacións de la Xunta, al cierre del año pasado 5.874 personas trabajaban como dependientes en las tiendas de proximidad y 11.258 eran asalariados de bares, mesones y restaurantes como camareros, cocineros o ayudantes de cocina. 
Con esas cifras la importancia que tienen estos dos sectores en la economía de la ciudad queda muy clara –hace escasos días la Cámara de Comercio recalcaba que los servicios eran el pilar básico en A Coruña y que hace falta avanzar en la reindustrialización– pero contrasta con el valor que se le está dando desde María Pita. Los empresarios de ambos mercados están descontentos con el trato que están recibiendo y ahora se han encargado de dejarlo bien claro. 
Después de que saliesen a la luz varias licitaciones vinculadas a la hostelería y la gastronomía del Gobierno local y el Consorcio de Turismo que quedaron desiertas, la Asociación de Hostelería de A Coruña se quejó de ese “desgobierno” y de que las ideas sumen “fracaso tras fracaso”. 

Desconocimiento
Para el presidente de la agrupación, Héctor Cañete, lo más preocupante es que el equipo del alcalde Xulio Ferreiro no tiene una agenda clara de actos de gran envergadura que permita atraer gente de fuera a la localidad para que los negocios puedan mantenerse a flote con mayores garantías. Hay algunos congresos, pero piensan que desde la celebración de la Copa del Rey de Baloncesto en 2016 no ha habido actividades que traigan público que consuma en sus establecimientos. 
Cañete afea por ejemplo que a estas alturas aún no se haya hecho público el cartel de las fiestas de María Pita y lamenta que nuevamente se vaya a apostar por el Fórum Gastronómico, cuando el propio sector se desvinculó ya en la última edición entendiendo que no tiene un retorno real para la ciudad sino solo para la empresa promotora. Asimismo se preocupó de que desde María Pita no se les tenga en cuenta para nada pero puntualizó que, viendo lo que está sucediendo con las asociaciones de comercio, “casi mejor que no nos den ayudas y que nos dejen como estamos”. 
“Casi preferimos mantenerlos al margen pero estamos preocupados porque no hay ningún tipo de eventos, ni absolutamente ninguna programación y no consultan para nada”, incide. Al hablar del otro sector fuerte de A Coruña, el del comercio, se refiere a todas las trabas burocráticas que se les han puesto a las agrupaciones para cobrar lo que falta de los convenios por concurrencia competitiva del año pasado. 

Exige una devolución
Desde la Federación Unión Comercial Coruñesa (FUCC) resaltan que la reclamación de documentos extra a todos los colectivos es “inédita”. Estos han denunciado irregularidades en la campaña de vales que la Concejalía de Empleo y Economía Social organizó por su cuenta, sin consultarles la redacción de las bases. 
La federación también está molesta porque el Ayuntamiento le reclame algo más de 30.000 euros de la subvención de 2016, de la que aún le debe 25.000 euros (estos no se llegarían a cobrar y, además, la entidad debería pagar otros 5.000 euros) porque entiende que las facturas pagadas no se ajustaron a los precios de mercado. La FUCC ya estudia el documento para ver qué opciones tienen, dado que ya arrastran una póliza de crédito por los fondos que tenían por cobrar.

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