Las principales calles comerciales rechazan tener seguridad privada

El nuevo proyecto de Ley de Seguridad Privada que se está tramitando abre nuevos campos de trabajo para los vigilantes, incluido el de considerar calles en las que se concentran las tiendas como centros comerciales  abiertos que podrían patrullar los guaridas de seguridad. Sin embargo, esa idea no encuentra apoyo en los representantes de los comerciantes de la calle Real, Barcelona y de Ángel Senra, tres de las más representativas vías comerciales de la ciudad.  Todos consideran que la labor de vigilancia que hace la Policía es intransferible.
“No comprendo por qué tenemos que pagar una seguridad privada de nuestro bolsillo, cuando ya pagamos impuestos. Los comerciantes estamos ya bastante agobiados para que se sigan privatizando más servicios”, comenta José Manuel Castro, de la asociación de comerciantes de Agra do Orzán. Su colega de Área Obelisco, Antonio Amor, se manifiesta de forma parecida. “Para empezar, en A Coruña la Policía está realizando una buena labor y los niveles de seguridad son buenos. Pero es que además, los comerciantes no estamos muy a favor de pagar su dinero a una empresa de seguridad privada, sobre todo cuando en algunos casos ya tenemos que cumplir con unos requisitos muy estrictos de seguridad en nuestros locales”.
Por su parte, José Salgado, presidente de los comerciantes de Os Mallos, confiesa que no se imagina un día en que los vigilantes jurados patrullen a lo largo de Ángel Senra, por mucho que la futura ley permita determinar una zona en concreto para que actúen. “No comprendo cómo es posible. Aunque sea una calle comercial, no pertenece a los comerciantes, sino también a la gente que vive en ella y a todos los ciudadanos”. A Amor, además, le preocupa la nueva capacidad de los vigilantes jurados de poder identificar a la gente en la calle: “Yo estoy acostumbrado a hacerlo cuando me requiere un policía, pero no sé por qué tendría que hacerlo con un guardia de seguridad”.

con normalidad
Pero para Roberto Lage, presidente de la asociación de empresas de Seguridad de Galicia, que sí apoya la ley, el debate que se está produciendo es falso. “No se trata de seguridad privada o pública. La primera siempre va a estar subordinada a la segunda”. Y señala que los guardias ya trabajan en la proyección de los polígonos comerciales como A Grela o Pocomaco con total normalidad. Minimiza incluso el hecho de que puedan detener a alguien: “Todo el mundo puede detener a alguien si ve que está cometiendo un delito. Se llama arresto ciudadano”.
El texto incluye nuevas regulaciones para sancionar las posibles infracciones que cometa un guardia y elimina algunos sinsentidos, como que tengan cámaras en el exterior pero que no puedan actuar en caso de delito. Pero a los sindicatos policiales no les convencen estas razones. Leandro Díaz, del SUP, lo considera un “desastre sin paliativos”  Santiago Rey, del CEP entiende que forma parte de un intento de “degradar la seguridad ciudadana para luego venderla”.