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sábado | 20 abril | 2024
La Comisión de Justicia Social aprobó ayer la renta social municipal con los votos a favor de la Marea, el PSOE y el BNG, mientras que el PP se abstuvo. El documento final cuenta con las alegaciones estimadas, mientras que los populares exigieron un informe del secretario y del interventor de modo que se garantice la legalidad de esta prestación.
Después de recibir el visto bueno por parte de la comisión, ahora la renta social se someterá a votación en el pleno extraordinario que se celebrará este viernes. Sin embargo, en el encuentro hubo discrepancias en torno a esta iniciativa del Gobierno local, principalmente desde el PP.
El concejal popular, Miguel Lorenzo, reconoció que durante el transcurso de la comisión hubo “cierta polémica y discusión”. El edil solicitó por escrito y durante el encuentro que el secretario del Ayuntamiento emita un informe en referencia a la renta, ya que desde el bando popular la forma en la que se ha planteado este proyecto suscita importantes dudas respecto a su legalidad y también a su finalidad.
“Hemos expresado nuestra preocupación por la falta de control que habrá sobre el gasto y cómo van a utilizar estas personas la renta social, al igual que se hace con el control en la emergencia social”, explicó Lorenzo tras la comisión.
Los populares argumentan que la Ley de Subvenciones de Galicia exceptúa del carácter subvencional a las prestaciones autonómicas de carácter asistencial, lo que deja fuera de esta excepción a las prestaciones municipales como la renta social.
“No nos oponemos a que las personas que lo necesiten cobren una prestación periódica para poder hacer frente a sus gastos, pero si este objetivo se convierte en un pago de rentas indiscriminado sin control, las consecuencias podrían ser muy graves”, aseguró Lorenzo.
Por ello los populares creen que es necesario adecuar la normativa a la recogida en la Ley de Subvenciones en la materia referente a la justificación de los gastos por parte de las personas que perciban esta prestación.
La formación estima que se evitaría un “efecto llamada” aumentando el tiempo de empadronamiento mínimo hasta los doce meses y elevar hasta los 25 años la edad necesaria para poder optar a esta renta, con las excepciones de los menores de 25 y mayores de 18 que se encuentren en situación de riesgo.
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Ayer también se celebró la Comisión de Hacienda, en la se trató un modificativo aprobado en junta de gobierno el pasado 29 de julio y que hace referencia a la redistribución de ciertas partidas económicas.
En este mismo encuentro también se trató la modificación ordenanza fiscal de la ORA, paso necesario para poder cambiar la ordenanza que regula el estacionamiento de pago en las calles de la ciudad. El Gobierno municipal realizó este trámite después de que en un primer momento no lo tuviese en cuenta, hecho que fue advertido por parte de la concejala popular Begoña Freire y apoyado por el secretario.
