El PP exige el desalojo urgente de los okupas de la Comandancia de Obras

El Partido Popular exigirá el próximo lunes a la Marea Atlántica en el salón de plenos que ponga fin de manera inmediata a la ocupación ilegal que se produce en la Comandancia de Obras desde hace más de cinco meses.
La formación pedirá durante la sesión al alcalde, Xulio Ferreiro, que realice “cuantas actuaciones sean necesarias para proceder de manera urgente al desalojo de dichas instalaciones como responsable del mantenimiento, conservación y custodia de las naves”, explicó Rosa Gallego, portavoz.
La líder popular recordó que el Ministerio de Fomento licitó recientemente obras de mantenimiento y conservación en la Comandancia de Obras, valoradas en 1,3 millones de euros, y para poder actuar necesita que los terrenos estén libres. 
“Presentamos una moción similar en el pleno de diciembre que no fue aprobada con la excusa de que apostaba por una solución negociada con los okupantes ilegales”, aseguró Gallego, quien considera que “todo sigue igual o peor”, por lo que urgió al primer edil a que “actúe para poner punto y final de una vez a esta ocupación ilegal que está causando gran alarma social en la ciudad y su efecto llamada ya funciona”.
Rosa Gallego recuerda que las instalaciones se encuentran ocupadas de manera ilegal desde el pasado mes de noviembre y que en su interior se realizaron desde entonces diversas actividades y también algunas obras sin la necesaria autorización. “Hemos visto cómo los ocupantes realizan fiestas y conciertos y han montado un bar donde venden bebidas”, explicó Gallego en las inmediaciones de la Comandancia de Obras, lugar al que acudió junto a algunos vecinos que solicitan el fin de esta situación.
Dejadez de funciones 
La portavoz del Partido Popular quiso recordar también que Xulio Ferreiro ostenta la responsabilidad en el ámbito de Seguridad Ciudadana, razón por la que considera que en relación a esta situación está incurriendo en una “dejadez de funciones”.
Desde la formación denuncian que el Gobierno municipal gastó en estos más de cinco meses de ocupación ilegal unos “7.000 euros de los ciudadanos” para mejorar las condiciones urbanísticas de los okupas, para la colocación de contenedores de basura “a pesar de que no pagan ningún recibo de recogida” o les permiten que se “conecten de manera ilegal para disponer de electricidad”.
“Un Ayuntamiento no puede amparar ni justificar estos comportamientos ilegales que son fuente de inseguridad jurídica y problemas de convivencia vecinal”, y recuerdan que en los últimos tiempos se dieron casos en Eirís o la Ciudad Vieja. l