El plan de movilidad que diseñó el PP se convierte en la hoja de ruta del PSOE

En tiempos de crispación, se suele echar en cara a las fuerzas políticas su incapacidad para ponerse de acuerdo. Sin embargo, en algunos puntos sí llegan a coincidir. Como, por ejemplo, la cuestión de la movilidad. Porque, a despecho de las decenas de miles de vehículos que entran a diario en la ciudad desde los municipios del área, los responsables políticos de cualquier color están convencidos de que el futuro pasa por el transporte público, la bicicleta y el peatón. Eso explica por qué, desde la llegada al poder de Inés Rey, la Concejalía de Movilidad de Juan Díaz Villoslada está usando como hoja de ruta el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), creado durante el Gobierno del PP. Para Villoslada, el Ayuntamiento cuenta ya con suficiente información y es el momento de aplicar los datos obtenidos de los informes realizados en mandatos anteriores.

230.000 euros
costó redactar el PMUS durante la época del PP, un completo estudio de los desplazamientos de la ciudad y las medidas para mejorarlos 

Es lo que ocurre en el caso de la ronda peatonal, que está destinada a unir San Diego con el Agra do Orzán. En 2015, la entonces concejala de Movilidad, Begoña Freire, hablaba ya de un itinerario que “discurra por A Gaiteira, pase por Alcalde Marchesi y Puga y Parga, por el interior de Os Mallos, llegue a Ramón Cabanillas (el ascensor se había construido ese mismo mandato), cruce la Sagrada Familia y llegue a la calle Barcelona, en el Agra do Orzán”. Exactamente la misma ruta que se sigue ahora bajo la batuta de Villoslada.

No hay que olvidar el que fue el gran hito urbanístico del decenio: la peatonalización de La Marina, que se llevó a cabo duran te el mandato de Carlos Negreira y que suscitó numerosas críticas porque implicó el soterramiento del tráfico y el gasto de más de 17  millones de euros para construir el túnel y urbanizar la superficie.

535.000 euros
invirtió el Gobierno de la Marea Atlántica en estudios sobre la movilidad, muchos de los cuales se los llevó la Agencia de Ecología Urbana

Otra medida que se remonta al PMUS es la del “calmado de tráfico”. Reducir la velocidad permitida por defecto en el casco urbano a los 30 kilómetros por hora se ha convertido en una prioridad para el Gobierno local, pero el propio Villoslada reconoce que la Dirección General de Tráfico (DGT) implantará este mismo año la normativa por defecto para todos los cascos urbanos.

Sin embargo, entre los años 2011 y 2015 el Partido Popular implantó desde el Ayuntamiento la Zona 30 en la Sagrada Familia, Os Mallos, Santa Gema o Barrio de las Flores, entre otras zonas, como parte de su estrategia.

147.000 vehículos
estaban matriculados en la ciudad en 2019, lo que supone un gran desafío para ganar espacio para el peatón y el transporte público

La velocidad en las grandes rondas y avenidas de la ciudad seguirá estando limitada a 50 kilómetros por hora así que, en la práctica, en A Coruña apenas se percibirá la medida, pero el concepto recuerda claramente a las “supermanzanas” que preconiza la Agencia de Ecología Urbana de Salvador Rueda: convertir los barrios en zonas residenciales con espacios peatonales y limitar el tráfico a las grandes arterias que los rodean.

570.000 viajes
son los que se realizan diariamente de un lado a otro de la ciudad, según los  registros tomados, en 2014, y el 48% se realiza a pie

Más cámaras

Ya en 2011, la empresa de Salvador Rueda había firmado un plan de movilidad durante el bipartito de Javier Losada. Entonces presentó el plan basado en esta célula urbana de una media de 400x400 metros, con el carril bus separado del resto del tráfico por aletas de tiburón recorriendo las grandes vías para poder competir en velocidad con el vehículo privado. Pero el Gobierno de Carlos Negreira aparcó el plan y retiró el carril bus de las calles del centro para aplicar la Vía Prioritaria Vigilada (VPV): un carril sin obstáculos pero con cámaras que sancionan la doble fila. Recientemente, Villoslada anunció que, después de que en noviembre se pusiera en marcha las cámaras de la VPV que el Gobierno de Carlos Negreira había instalado pero no había llegado a activar, y dado que los resultados habían sido positivos, la intención del actual Ayuntamiento es instalar más sistemas de videovigilancia.

Con la hoja de ruta marcada ya por los expertos durante los mandatos anteriores, solo queda al PSOE aplicarlos, a pesar de que sabe que algunas serán impopulares y generarán polémica.