Piden 12 años de cárcel para una banda de rumanos acusados de clonar tarjetas

Cinco personas serán juzgadas la próxima semana por su implicación en una red que falsificaba tarjetas de crédito clonándolas. La Fiscalía solicita hasta 12 años de prisión por un delito de falsedad en documento mercantil, un delito de estafa continuado y otro de falsedad en documento oficial.

Los imputados, cuatro de ellos de nacionalidad rumana, empleaban un sofisticado método que, según apunta el escrito de acusación, habría requerido de la colaboración de “terceros altamente cualificados” que llevaban a cabo ataques informáticos “masivos” a los servidores de las entidades bancarias. También incida la Fiscalía que la estafa se habría realizado por la interceptación de la información necesaria en las conexiones y nudos de comunicaciones donde se capturan y clonan los datos contenidos en la banda magnética de la tarjeta correspondiente al legítimo titular.

Una vez obtenidos los datos necesarios, los acusados los insertaban en otro soporte, obteniendo una tarjeta de crédito falsa.

Falsificación de DNI > En el caso de no obtener el PIN de las tarjetas originales para la extracción de efectivo en los cajeros, la banda las empleaba en establecimientos comerciales para la obtención de artículos, o vía internet, para crear una cuenta de usuario en una página web y efectuar compras desde la misma.

Para realizar el pago en tiendas, los imputados se valían, además, de documentos de identidad que previamente fabricaban y confeccionaban ellos mismos.

De esta forma, y a lo largo de los años 2009 y 2010 llegaron a adquirir artículos en siete establecimientos de A Coruña, Culleredo, Cerceda y Arteixo por valor de 20.725 euros. Los artículos adquiridos eran de precios muy diferentes, llegando incluso a un importe de 4.000 euros en una joyería de la calle Juan Flórez. Uno de los datos más reveladores que recoge el escrito de acusación es que los imputados efectuaban cargos a las tarjetas falsas varias veces al día, incluso cuando las transacciones no eran aceptadas.

Es por ello, que además de la condena de prisión, el Ministerio Fiscal solicita a los acusados el pago de una indemnización de 4.000, 1.582, 412 y 4.000 euros, respectivamente, para las entidades emisoras de las tarjetas de crédito perjudicadas por la estafa.