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domingo | 12 mayo | 2024
El pago del sellado del vertedero de Nostián es motivo de enfrentamiento entre el Gobierno municipal y Albada, concesionaria de la instalación, después de que desde María Pita se asegurase que ya se ha cumplido con la última sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que obliga al sellado de los vasos de rechazos, que llevan tiempo al máximo de su capacidad.
El coste de la actuación tiene un valor aproximado de 3,5 millones de euros y todavía no está claro quién deberá asumirlo. El alcalde, Xulio Ferreiro, aseguró ayer que en la sentencia del TSXG no se especifica que sea el Gobierno local el que tenga que hacer frente al coste de la intervención.
Considera, de hecho, que quien tiene que “asumir a obra é a concesionaria, está dentro do canon e das obrigas da concesionaria”.
La visión del Gobierno local contrasta con la que mantiene Albada desde hace años –ayer declinó hacer una valoración oficial– de que los fondos para hacer frente a las obras de sellado deberían salir de las arcas municipales al ser una propiedad del Ayuntamiento.
Así, ambas partes mantienen posturas polarizadas sobre una intervención necesaria y que está pendiente desde hace casi cuatro años, en los que el asunto acabó en los juzgados.
Tramitación
El Gobierno municipal defiende que en la sentencia del TSXG, en la que se estima “parcialmente el recurso de Albada, no se les señala como encargados de afrontar el pago de la actuación, sino que la Administración local está obligada a aprobar el proyecto.
Según el Ayuntamiento, esto ya lo habría llevado a cabo el pasado mes de diciembre así como la comunicación del trámite a la empresa. “Está cumplida xa”, insistió Ferreiro sobre esta sentencia, de la que destaca que “vén a dar a razón de que a obriga de selado é da empresa”. Según añadió posteriormente la concejala de Medio Ambiente, María García, la responsabilidad de ejecutar el sellado corresponde a la concesionaria de acuerdo a la resolución de la Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental de la Xunta en 2015.
Con todo esto, el Gobierno municipal explica que ahora es el turno de la concesionaria del vertedero de Nostián de dar los siguientes pasos, que consistirían en realizar “unha comunicación previa para levar a cabo as actuacións e que esta debe estar acompañada da autorización ou informe favorable da Consellería de Medio Rural e do Instituto de Estudos do Territorio, así como doutra documentación establecida na normativa”.
“O Concello foi tan dilixente neste asunto que foi a propia Concellería de Medio Ambiente, quen, en xuño do pasado ano e ante a inacción da empresa, presentou diante do departamento municipal de Edificación e Disciplina Urbanística o proxecto, redactado en 2014, para que este se pronunciara sobre que título urbanístico municipal precisa obter a UTE Albada para executar as obras ás que está obrigada”, explica la concejala de Medio Ambiente, María García.
En este enfrentamiento por el sellado del vertedero no solo han estado implicados el Ayuntamiento y la concesionaria, sino que desde María Pita también se señaló a la Xunta como responsable de la actuación, algo que fue rápidamente contestado desde la Dirección Xeral de Calidade, que expuso que era el Gobierno local el que tenía que poner solución al problema. Indicó que para ello se basa en la Lei 39/2015, que permitiría al Ayuntamiento actuar de manera subsidiaria sobre la ejecución de actos administrativos.
La Xunta también tuvo que intervenir en septiembre de 2016, cuando dio a la empresa un plazo de un año para acometer el sellado, algo a lo que la concesionaria se opuso y optó por acudir a los tribunales. Mientras se esperaba la resolución, Albada fue sancionada tanto por el Gobierno local como por la Xunta.
Tres vasos
El sellado del vertedero de Nostián es necesario porque los tres vasos de rechazos (material que no puede ser reciclado) llegaron al máximo de su capacidad hace más de diez años, el primero en 2001 apenas un año después de que comenzase a recibir rechazos, y los otros dos en 2007.
En total, estos tres vasos acumulaban 1,18 millones de metros cúbicos de materia inorgánica, que todavía continúan a la espera de que sean sellados al no poder dar más uso.
