Odilo Martiñá reconoce que cobró de Azetanet, pero no siendo cargo público

Odilo Martiñá reconoce que cobró de Azetanet, pero no siendo cargo público
28 abril 2012 página 05 A Coruña.- El director xeral de Relación Laborais, Odilo Martiñá, junto a la directora del Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral, Adela Quinzá-Torroja, inauguraron las jorna

El ex director xeral de Traballo de la Xunta Odilo Martiñá reconoció ayer en los juzgados, durante su declaración como imputado en la operación “Zeta”, que cobró del presidente de Azetanet, el empresario coruñés Gerardo Crespo, cuando lo asesoró, pero nunca mientras ocupaba un cargo público en la Administración autonómica.

Odilo Martiñá fue el primero de los tres ex altos cargos de la Xunta que comparecieron ayer en relación al presunto fraude en cursos de formación. Después lo hicieron el antiguo jefe de servicio de Gestión Administrativa de Formación para el Empleo, Joaquín Vila Sampayo, y el que fuera jefe territorial de la Consellería de Traballo en A Coruña, Luis Alberto Freijido.

Martiñá entró en sede judicial poco antes de las nueve de la mañana, aunque no ha accedió a la sala hasta pasadas las diez para declarar ante la juez durante cuarenta minutos. A su llegada a los juzgados rehusó hacer comentarios a los medios de comunicación, pero sí lo hizo una vez concluido su testimonio ante la instructora del caso. A su salida del juzgado reconoció que estaba “satisfecho” con su intervención.

Prácticas correctas

Fuentes judiciales indicaron que, durante su declaración como imputado por los presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias, Martiñá aseguró que no conocía ningún tipo de práctica ilegal y que todo lo que él sabía se había realizado correctamente.

En su caso se limitaba a hacer su trabajo, dijo, y manifestó que asesoró a Crespo, principal imputado de la presunta trama de fraude de subvenciones en cursos de formación, y que cobró por esta tarea. No obstante, quiso dejar claro que una vez que fue nombrado director general de Trabajo –puesto que dejó cuando su nombre se relacionó con la supuesta trama de la operación “Zeta”– ya no volvió a recibir ninguna cantidad del presidente de Azetanet debido a que existe incompatibilidad entre ese puesto y otras tareas.

En el caso del ex director xeral de Traballo, los investigadores de la operación “Zeta” apuntan que en la contabilidad no oficial intervenida en los registros a empresas de Crespo aparecerían pagos por “servicios de asesoramiento” por un importe que sumaría los 18.000 euros.

Martiñá se refirió también al trabajo de supervisión de la Consellería de Traballo sobre los contratos de formación recalcando que “todo se había hecho bien”, indicado fuentes judiciales.

Joaquín Vila Sampayo fue el segundo en acceder a la sala para declarar durante aproximadamente una hora. Allí, respecto a su relación con Gerardo Crespo, con el que en el sumario de la operación constan diferentes contactos, manifestó que se limitaba a hacer su trabajo y negó haber cometido cualquier tipo de irregularidad aunque, como los tres citados para ayer, está imputado por la presunta autoría de los delitos de cohecho y tráfico de influencias.

El último en declarar fue Luis Alberto Freijido, que también fue director del área de Servicios Provinciales de la Diputación de A Coruña.

Investigación

El Juzgado de Instrucción número seis de A Coruña investiga el cobro de subvenciones por el que ha imputado a treinta personas, entre ellas cargos públicos, organizaciones de autónomos, fundaciones y profesionales, por la supuesta comisión de los delitos de fraude de subvenciones o estafa y malversación de caudales públicos, falsedad documental, cohecho y blanqueo de capitales.

Este juzgado inició el 22 de diciembre de 2011 una investigación después de recibir un atestado del Grupo de Delincuencia Financiera y Fiscal de la Brigada Provincial de la Policía Judicial en A Coruña, que concluyó que determinadas entidades fueron receptoras de más de veinte millones de euros en subvenciones y adjudicaciones públicas relacionadas con la formación de autónomos.

En el marco de esta investigación está imputada una treintena personas. Tras una primera imputación a un grupo de siete personas, entre las que se encontraban el empresario coruñés Gerardo Crespo, presidente de Azetanet; el presidente de la Confederación de Autónomos y Profesionales de España (Caype), Eliseo Calviño, y su homólogo de la Federación de Autónomos de Galicia (Feaga) Francisco Javier Pérez Bello, la juez amplió las diligencias a otras 23 como consecuencia de la investigación policial.

Odilo Martiñá reconoce que cobró de Azetanet, pero no siendo cargo público

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