La nueva ley de alquiler encarece y reduce la oferta en solo cuatro meses

Los efectos de la nueva ley del alquiler, también bautizada como “decretazo” del arrendamiento por algunos grupos del sector inmobiliario, ya se están notando en A Coruña tan solo cuatro meses después de su entrada en vigor. Una normativa que pretendía proteger a los inquilinos está provocando un cambio de hábitos a priori inesperado en la ciudad. Los profesionales aseguran que el mercado del alquiler general –sin ser por temporadas determinadas– se ha reducido y, en consecuencia, también se van encareciendo un poco más los precios de los inmuebles que se mantienen en stock. Como efecto rebote, el ofrecimiento de los pisos para períodos vacacionales está ascendiendo a un ritmo mayor que hasta hace unos meses.

“La ley que se creó para asentar los alquileres ha conseguido el efecto contrario”. La vicepresidenta del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia, Carmela Lavandeira, no tiene dudas de que el decreto que lanzó de forma efectiva el Gobierno central de Pedro Sánchez en el mes de marzo ha sido negativo para el mercado en A Coruña.

Lavandeira asegura que medidas como imponer contratos de una duración de hasta cinco y siete años a los arrendadores y establecer límites a los costes, entre otras cuestiones, está haciendo que muchos de los acuerdos que vencieron desde marzo y que venían de antes del cambio de norma –por lo que no se aplicaría la retroactividad– no  se renovasen.

Aunque en su caso particular cuenta con una cartera muy estable, reconoce que algunos compañeros se han encontrado con que muchos dueños de inmuebles en la ciudad ya no quieren “destinarlos a un alquiler fijo”. “Hay quien compra como inversión o gente que hereda y le conviene más alquilar por temporada porque es más rápido, más sencillo y consigue más dinero”, reflexiona.

Pero desde el punto de vista del presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de A Coruña, Herminio Carballido, eso no hace otra cosa que “encarecer más los precios”, algo con lo que también se quería luchar desde Madrid.

Un complemento salarial

En algunos casos, se han adquirido apartamentos para que vivan los hijos cuando acaben la carrera o se independicen y les comentan que, por tanto, no pueden atarse a unos arrendatarios un lustro o más tiempo.  “Así el estado le quita garantías a los propietarios; incluso a aquellos que viven de alquilar, complementan su pensión con esas ganancias o, simplemente, hicieron una inversión”, remarca la experta.

Reconoce que coruñeses propietarios han aprovechado el verano para incorporarse al mercado del arrendamiento vacacional –quizá por eso los hoteleros notaban más en estos meses la competencia, como comentaron hace unas semanas a este diario– mientras piensan si les compensa seguir firmando contratos más amplios.

Para Lavandeira hay una premisa clave: “Es el Estado el que tiene que asegurar el derecho a la vivienda”, pero no a costa de los ingresos de ahorradores que también tuvieron sus dificultades para comprar.

Carballido sencillamente opina que el Gobierno se ha equivocado en sus planteamientos de manera que ahora muchos pisos son “vacacionales, porque en un libre comercio es imposible tratar de regular los precios”. Respecto a los costes de temporada estival, dice que los destinos más caros son “Sada y Mera porque tienen más demanda”.