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sábado | 20 abril | 2024
El alcalde, Carlos Negreira, volvió ayer a salir al paso de las noticias que lo relacionan con la trama de prevaricación que investiga la operación “Pikachu”. La jueza Pilar de Lara emitió un auto en el que pide información financiera de 57 empresas y 44 personas. Entre ellas, el propio alcalde, siete concejales coruñeses y el presidente de la Diputación, Diego Calvo, pero Negreira insiste: “Son las mismas conjeturas sin hecho nuevo alguno. Estoy absolutamente tranquilo”.
El primer edil deseó que la titular del juzgado de instrucción número de Lugo investigue cuanto antes y prometió una transparencia total por su parte. En cuanto a Diego Calvo, asegura que le parece “fantástico” el nuevo auto: “No tengo ninguna opinión, total colaboración como siempre y nada más”. También hizo declaraciones sobre el asunto el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que considera que cuando no se tiene nada que ocultar no importa que investiguen: “Si quieren investigar, que lo hagan”,
La petición surge a raíz de un informe que habla de “posibles tráficos de influencias relacionados con la presunta recomendación de personas realizadas por autoridades y funcionarios del Ayuntamiento de A Coruña”. Admás del alcalde y del presidente de la Diputación, están en el punto de mira de la Justiica siete de los concejales de la ciudad, entre los que destacan la actual número dos de la lista del PP, Rosa Gallego, de Tesorería; Martín Fernández Prado, Urbanismo, Francisco Mourelo, de Deportes; Carmen Hervada, de Barrios, y Begoña Freire, de Movilidad.
Junto a ellos figuran la edil y también vicepresidenta de la Diputación, Mariel Padín, y la única que se cae de la lista electoral de las próximas elecciones municipales, Ana Fernández, de Cultura, que desvinculó esta ausencia de la operación Pokemon. El resto son puestos de libre designación muy cercanos al alcalde o a los concejales, así como de otros ámbitos, como la prensa.
recompensas de vendex
La jueza piensa que la empresa Vendex, que centra la trama de supuesta corrupción, recompensaba a los políticos que les otorgaban concesiones de varias maneras: además de realizar posibles pagos de dinero a algunas de tales personas, o entregas de regalos, se encargaría de contratar a recomendados.
Uno de los ayuntamientos donde se ha llevado a cabo esta práctica presuntamente corrupta sería el coruñés, donde José María Tutor Lemos, delegado de Vendex en Galicia, contaba con “importantes contactos”, según la magistrada.
Los “enchufados” eran parientes o amigos de los cargos y empleados públicos del Ayuntamiento” o afines al gobierno local”. Según De Lara, el encargado de realizar estas prácticas es el teniente de alcalde Julio Flores, imputado por tráfico de influencias y cohecho y que ya anunció que no concurrirá a las próximas elecciones. Pero también vincula a estas prácticas a Miguel Lorenzo, edil de Servicios Sociales.
