Multados tres miembros de un piquete por pinchar las ruedas a un camión durante una huelga del transporte

Multas de algo más de mil euros y el pago de una indemnización cercana a los dos mil ha impuesto el juzgado de penal 4 a tres trabajadores por los desperfectos causados a un camión que entraba en el polígono de Bergondo durante una huelga del transporte, en octubre de 2005. Los tres acusados son, según se considera probado, las personas que aquella mañana abordaron a un conductor que regresaba de un viaje para realizar una descarga en una nave de almacenaje y, tras arrebatarle por la fuerza las llaves, le pincharon las doce ruedas y rajaron la suspensión neumática.

La sentencia considera a tres los miembros del piquete informativo que en aquella jornada de huelga se desplazó al parque industrial e Bergondo autores de un delito de daños, aun cuando ninguno de ellos reconoce haber tocado las ruedas del camión.

En su declaración en el juicio, los sindicalistas solo admitieron que aquella mañana “dieron una vuelta por el polígono” y en ese viaje “se pararon con un camión que llevaba cristal”. Esta versión, entiende la jueza, no casa con los desperfectos que quedaron recogidos en el atestado policial ni con el relato del conductor y otro testigo, también trabajador del polígono, quien, señala la sentencia, vio a tres hombres bajarse de un vehículo negro y “agarrar al camionero y pinchar todas las ruedas”.

"acribilladas"

Las ruedas, según lo describió el propietario de la empresa de transportes, quedaron “acribilladas” por el efecto de un objeto agudo, tipo punzón. En este sentido, el empresario, que concurría al juicio en calidad de acusación particular, reclamaba para los tres sospechosos la imposición de una multa sensiblemente más elevada a la que recoge el dictamen judicial, de 8.700 euros, más una indemnización de cerca de 3.500.

Más ajustada es la sanción que solicitaba la Fiscalía, de 3.650 euros para cada integrante del piquete llevados a juicio. La rebaja que aplica la jueza tiene que ver, tal como solicitaban las defensas, con el largo tiempo que tardó la justicia en tramitar y resolver el procedimiento, más de siete años que se interpretan como dilaciones indebidas.