Meilán Gil: “no queda otra solución para el Ofimático que el desalojo”

Álvaro Corral, el vecino de San Vicente de Elviña que fue desalojado de su casa la semana pasada debido a las obras del Parque Ofimático, todavía no ha ido a visitar el piso de alquiler social que le ha ofrecido el Ayuntamiento. En el mismo edificio tenía su taller de motos y las gestiones para reabrirlo en Meicende le han ocupado todo su tiempo, pero piensa ir a verlo la semana que viene. Según Corral, nunca se había negado a un traslado, pero no decidido de manera unilateral por el Ayuntamiento. Como a él, al puñado de familias que siguen en el Ofimático les gustaría negociar su marcha. Sin embargo, para José Luis Meilán Gil ya es demasiado tarde: “Ahora ya no queda otra solución que el desalojo”.
La opinión del jurista y ex rector de la Universidad es relevante porque fue a él a quien encargó el gobierno de Carlos Negreira redactar un informe que señalara una salida para los afectados del Ofimático a principios de año. El plan fue aceptado en un principio tanto por el Ayuntamiento como por los expropiados y usado como base para negociar, pero no se llegó a ninguna parte.
El concejal de Urbanismo, Martín Fernández Prado, reconoció la semana pasada que no se va a aplicar pero Meilán Gil asegura que está convencido de la buena voluntad” del Ayuntamiento. “No tenía necesidad de mi informe para desalojar a los vecinos del Ofimático, la ley les apoya”, aseguró. El desalojo del 27 de noviembre para una prueba fehaciente.

promotores voluntarios
“Se debía de haber hecho de otra manera, pero ahora es demasiado tarde. A mí me pidieron una salida jurídica para los afectados y eso hice”, explica Meilán Gil. Como él recuerda, los terrenos para el Parque Ofimático se hizo por el sistema de cooperación, que implica convertirlos en promotores. Pero los afectados aseguran que lo fueron “a la fuerza” y el jurista mantiene que “es un procedimiento voluntario y hay que firmar”, explica.  
Además, tampoco se presentaron alegaciones en su momento, lo que hubiera podido frenar el proceso y refuerza la idea de que los vecinos afectados por el desalojo consistieron en seguir este sistema. Es el más inusual de los tres que existen junto con el de expropiación y el de compensación. De haberse aplicado la expropiación, todo habría sido mucho más fácil: los vecinos de San Vicente de Elviña habrían recibido dinero.  
Como promotores, los vecinos tienen que pagar las cuotas de urbanización, de manera que el dinero que se les iba a dar por sus propiedades se guardó para acometer esos pagos. Sin embargo, este dinero era insuficiente, así que los vecinos se encontraron muy pronto con una deuda que iba creciendo a cada cuota y con una parcela cuyo valor se había desplomado con el estallido de la burbuja inmobiliaria.
 “La urbanización tiene que realizarse, así que las únicas dos opciones eran vender sus derechos o si no querían, buscarles otra viviendas para que se realojaran mientras continúan las obras. En eso el Ayuntamiento ha actuado correctamente”, continúa Meilán Gil que señala que, en todo caso, había que decidir una solución individualizada para cada uno de los afectados: “El plan no hubiera sido posible para todo el mundo, porque hubiera implicado que el Ayuntamiento se dedica a especular con terrenos”.
Al jurista tampoco le parece viable la salida que proponen los afectados del lado derecho de Alfonso Molina, que se desafecte esta zona: “Creo que es muy difícil por estar en el ámbito físico del plan de actuación. Si no, creo que el Ayuntamiento lo habría hecho con tal de quitarse este asunto de encima”. n