Mato cree que el informe de Contas llega demasiado tarde

La conselleira de Traballo, Beatriz Mato, aseguró ayer que el informe de fiscalización presentado por el Consello de Contas sobre los cursos de formación llega “demasiado tarde”, tras aclarar que se refiere a algo que ocurrió “hace cuatro años” y ha apuntado que ya se han puesto en marcha todos los “mecanismos de control”.
“Es un informe absolutamente extemporáneo que llega cuatro años después de que efectivamente presentase una serie de anomalías que ya conocíamos que dieron pie al establecimiento de mecanismos de control y a una investigación”, ha refrendado Mato durante una visita realizada a la fundación Juan Soñador en la ciudad de Ourense.
En declaraciones a los informadores, la titular de Traballo matizó que ese informe hay que “dimensionarlo en el tiempo” ya que todas las anomalías que se recogen en él “fueron conocidas y fueron descubiertas por primera vez por la Consellería”.
En total, Contas detectó hasta 574 irregularidades en setenta cursos que analizaron y cuyos beneficiarios son empresas, sindicatos y fundaciones.
Desde entonces, recordó Mato, su departamento ordenó poner en marcha “diferentes mecanismos de control que garantizasen que la utilización de dinero público era la adecuada”, mediante “un servicio de auditoría y control” y de inspecciones”.
Así, Mato admitió que “efectivamente –el informe– informa de una serie de anomalías que ya conocíamos precisamente en 2010”.

inspecciones
Para evitar que “eso vuelva a ocurrir”, aludió a la realización “inspecciones in situ y controles vinculados al seguimiento de las facturas para que no haya opacidad y para garantizar el buen uso de la formación”.
Incluso garantizó que toda la formación que se da actualmente en la Comunidad gallega es “de calidad y vinculada a las necesidades del mercado laboral”, con un 100% de la formación para los parados “con certificados homologados”.
La conselleira de Traballo confirmó la existencia de irregularidades en “cinco entidades”, donde no había alumnos ni aulas. En total, estima que podrían haberse defraudado hasta “siete millones y medio”, cuatro millones correspondientes a los años 2005 a 2009 y otros 3,5 desde 2009 a la actualidad.
“Estamos hablando en torno a siete millones que son las subvenciones que desde la Xunta se han otorgado a estas empresas en concreto investigadas por el juzgado, que no significa que esos siete millones fueran los defraudados”, concluyó.