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viernes | 26 abril | 2024
El Gobierno municipal cerró el año pasado con un superávit ligeramente superior a los 11 millones de euros, la cantidad más baja de los tres años completos en los que Marea Atlántica estuvo en el gobierno.
De acuerdo a un informe firmado por el Interventor municipal, el superávit del año pasado asciende a 11.058.006,45 euros, una cantidad que se extrae de los resultados incluidos en la liquidación del ejercicio pasado.
El superávit es la diferencia que se produce en las cuentas de un organismo cuando los ingresos son superiores a los gastos al cierre de un ejercicio económico. Esta situación es la habitual en las administraciones públicas sobre todo desde que en 2015 el Ministerio de Hacienda estableciese una nueva normativa que obliga a los entes, como los ayuntamientos, a llevar un mayor control de sus aspectos económicos.
Esta cantidad de algo más de 11 millones de euros es inferior a los resultados que habían arrojado las liquidaciones municipales de 2016 y 2017, los otros dos años completos que fueron gestionados por el gobierno de Marea Atlántica.
El mejor resultado en este indicador se dio en 2016, cuando la liquidación evidenció un superávit de 27,4 millones de euros. Un año después, el saldo volvió a ser positivo, en este caso algo menor, 18,3 millones de euros.
Diferencia
Estas cantidades son bastante superiores a las de los años precedentes. Por ejemplo, en 2015, cuando se produjo el cambio de gobierno y el lugar del Partido Popular fue ocupado por Marea Atlántica, el superávit fue de 806.639,6 euros.
Mientras, en el ejercicio anterior, y cuando todavía estaba comenzando a aplicarse la normativa conocida como “Ley Montoro”, en relación al entonces ministro, el resultado fue de 12.000 euros favorable a los ingresos.
El superávit del año pasado figura en una liquidación que todavía no se presentó a pesar de que lleva preparada desde el pasado mes de marzo. Los plazos estipulados para su aprobación en el salón de plenos y envío al Ministerio de Hacienda están sobrepasados ya que esto se tenía que haber hecho hace meses, pero ni el anterior equipo de gobierno ni el actual dieron el paso.
La liquidación es importante ya que es el documento en el que se reflejan los datos económicos definitivos de cada ejercicio y en el que se puede ver el balance final general y los fondos utilizados en cada una de las áreas municipales.
Una vez que se presente la liquidación, el Gobierno local tendrá la posibilidad de utilizar el superávit para diferentes fines. Desde hace un par de años los ayuntamientos pueden destinarlo a Inversiones Financieramente Sostenibles si cumplen con una serie de indicadores. Estas inversiones deben responder a una serie de requisitos y abarcan diversos campos como los espacios públicos, instalaciones municipales o medidas medioambientales.
Uno de ellos es el período medio de pago, que acumula varios meses por encima del límite establecido en 30 días. El último dato conocido es el de mayo y el Ayuntamiento tardó entonces más de 44 días en hacer frente a sus facturas con los proveedores.
Esta no es una situación nueva en María Pita ya que el año pasado la Marea Atlántica tuvo que destinar 15,1 millones del superávit de 2017 a reducir la deuda municipal después de que acumulase ocho meses incumpliendo con el período medio de pago a proveedores.
El equipo de gobierno anterior en el Ayuntamiento coruñés contaba con un documento de inversiones a las que destinar esos fondos, pero sus malos datos en el pago de facturas hicieron que se tuviese que amortizar deuda.
Ahora, el Gobierno local de Inés Rey tiene tiempo para mejorar los registros en el pago a proveedores y utilizar todo o parte del superávit del año pasado a las inversiones sostenibles, a expensas de continuar cumpliendo con el resto de requisitos.
Novedades
El Ministerio de Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) llegaron a un acuerdo esta semana por el que los ayuntamientos podrán utilizar parte del superávit para la financiación de los distintos servicios públicos.
Faltan por conocer los pormenores del acuerdo entre ambas partes, que todavía debe ser ratificado en septiembre e incorporado por vía reglamentaria o legislativa.
La flexibilización de la regla de gasto es una reclamación que ha repetido desde hace varios años la federación de municipios, en concreto desde que el exministro de Hacienda del Partido Popular Cristóbal Montoro la impulsara en 2013, mediante la Ley de Estabilidad, para contener el gasto público y reducir el déficit de las administraciones públicas.
