La Marea buscará apoyo en el pleno para investigar la gestión de la Autoridad Portuaria

El Gobierno municipal buscará apoyos en el pleno de mañana para que el Ministerio de Fomento y Puertos del Estado investiguen la gestión económica y financiera de la Autoridad Portuaria “por se existen responsabilidades legais nas súas actuacións”. Lo hará con una moción en medio de la polémica entre ambas instituciones por el futuro de los terrenos de La Solana y el hotel Finisterre y los muelles de Batería y Calvo Sotelo.
El desencuentro se produjo el mes pasado, cuando el Consejo de Administración del Puerto aprobó reabrir la subasta de La Solana y el hotel Finisterre al contar con una oferta de 10 millones de euros por ambas parcelas por parte de la actual concesionaria. El Ayuntamiento había mostrado su interés por adquirir estos terrenos anteriormente, pero desde la Autoridad Portuaria basan su decisión en que el Consistorio no llegó a concretar su oferta.

expediente
El Consistorio considera que los últimos movimientos “evidencian” que la intención del ente “é o alleamento dos terreos portuarios”, por lo que buscan el apoyo del resto de la corporación municipal para instar al Ministerio de Fomento y a Puertos del Estado a abrir un expediente de investigación y fiscalización de la gestión económica y financiera de la presidencia del organismo portuario, y en concreto, de las negociaciones realizadas con la inmobiliaria Río Mero, actual concesionaria.
Según el Ayuntamiento, estas negociaciones se realizaron “nun momento en que o procedemento de enaxenación estaba suspendido violando o acordo do Consello de Administración do 30 de xuño de 2016”.
En el texto que presentará el Gobierno municipal en el pleno de mañana se recoge que “quebrar e violentar os propios acordos do Consello de Administración é causa de ilegalidade de tales acordos, e evidencia unha persistente actuación do presidente do Porto contraria ao interese público da cidade da Coruña e ao propio interese xeral portuario”.
Además, el Ayuntamiento indica que, “como toda entidade do sector público, debe someterse nas súas actuacións ao supremo interese xeral e ao de legalidade, que deben prevalecer sempre sobre o económico”.