Losada augura grandes beneficios para Alcoa por el estatuto para electrointensivas pero la Xunta desconfía

El delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, señala que el estatuto de consumidores electrointensivos impulsado por el Ejecutivo central “reportará grandes beneficios al empleo y las empresas”, y es “una muestra de su compromiso con los trabajadores de Alcoa”, algo que la Xunta duda.
“Este estatuto dota a las empresas de un marco de estabilidad a medio y largo plazo, lo que es bueno tanto para Alcoa como para el resto de empresas que desarrollan actividades electrointensivas en Galicia”, aseguró Losada. Al ser preguntado por el comienzo ayer de la subasta de la interrumpibilidad, el delegado respondió que la medida “más importante” es la tomada por el último Consejo de Ministros, ya que “va a dar la capacidad para programar las inversiones a largo plazo y dotará de más seguridad al empleo”.
Losada recordó que el Real Decreto Ley de Medidas Urgentes para el Impulso de la Competitividad Económica en el Sector de la Industria y el Comercio en España incluye un apartado dedicado en particular a “las empresas de alto consumo energético”, lo que supone “un avance muy importante” para este sector.

Marco eléctrico
Por su parte, el conselleiro de Economía, Francisco Conde, manifestó que estas medidas son “extrañas” e “insuficientes” porque “no dan respuesta a las necesidades que tienen las empresas electrointensivas en su conjunto”.
En el caso particular de Alcoa, el conselleiro sostiene que el Gobierno gallego entiende que la solución pasa por el “marco eléctrico”, que no se menciona en el real decreto firmado por el Gobierno de Pedro Sánchez. “En ese real decreto nada se habla de los incentivos a las electrointensivas en 2019, ni de la subasta de electrointensividad que se va a producir este viernes, ni tampoco de los mecanismos de compensación que necesitan las empresas para mantener la situación actual”, aseveró Conde.
Por lo tanto, considera que “no se da ningún tipo de respuesta sobre la prioridad que en estos momentos tienen las empresas electrointensivas y Alcoa, que no es otro que los incentivos eléctricos de cara a este año 2019”. Para el titular de Economía, ese real decreto “simplemente marca un escenario de trabajo de cara a los próximos seis meses, que no van a permitir dar una respuesta a lo que necesitan en este caso Alcoa y el conjunto de las empresas”.

Otros inversores interesados
Según Conde, la Xunta tiene un “escenario claro” y es “intentar que Alcoa retire el ERE” y que permita “garantizar la actividad industrial”. Bien sea porque Alcoa decide continuar con esa actividad o porque se da “la puerta abierta a cualquier inversor que pueda dar esa continuidad”. En cualquiera de los dos casos, ha señalado, la solución “pasa por el marco eléctrico”.
El conselleiro trasladó al Gobierno que hay que hablar de un “estatuto de empresas electrointensivas” y de “compromisos” y vincular las diferentes ayudas al “mantenimiento del empleo” por parte de las empresas. “Pero la inmediatez pasa por saber el coste eléctrico que van a tener las empresas electrointensivas”, apuntó.
Conde comentó la Xunta “es conocedora” de que hay empresas “interesadas” y que le han remitido esa información a la Secretaría General de Industria. “Claramente la posición de los inversores pasa por conocer cuál es el marco eléctrico para 2019. Sin conocer ese marco difícilmente habrá una solución para Alcoa”, ha destacado.  
Además, el portavoz de En Marea, Luís Villares, lamentó que el Gobierno no haya contemplado en el real decreto ley la posibilidad de intervenir la empresa Alcoa a través de la SEPI. “Es constitucional y no es una rareza”, indicó.
Villares explicó que está incluido en el artículo 128.2 de la Carta Magna y, por lo tanto, lo ve como una solución ante la situación de la empresa. “Se debe aplicar el artículo 128.2 si las demás fallan”, consideró el portavoz de En Marea, quien añadió que esta posibilidad debía haberse incluido en la exposición de motivos del real decreto: “Es necesaria valentía política”.
Además, Villares denunció que no se haya producido una regulación ya, puesto que el real decreto se marca un periodo de seis meses, lo que no soluciona el problema de la fábrica de Alcoa. l