Los nacionalistas acusan al PP de dificultar su labor de control al gobierno con múltiples trabas

Los concejales nacionalistas María Xosé Bravo y Xan Caixgal denunciaron ayer las múltiples trabas que estaría poniendo el PP al grupo municipal del BNG para el desarrollo de su labor de control y fiscalización al gobierno local. Afirman que en lo que va de mandato, los nacionalistas habrían presentado una media de dos solicitudes semanales para acceder a expedientes con el fin de conocer, hacer un seguimiento y evaluar las acciones del gobierno de Negreira.

Tal y como explicó Caxigal, la actitud “escurantista” y la opacidad del PP habría llevado al grupo nacionalista a acudir a los tribunales con la presentación de dos recursos contenciosos administrativos por vulneración de los derechos fundamentales ante de la denegación del acceso de dos expedientes sobre la Smart City y sobre la solicitud de subvención al transporte colectivo urbano.

Los nacionalistas explican que, finalmente, una vez que el gobierno local tuvo conocimiento del recurso presentado por el BNG, se les permitió el acceso a los expedientes de ambos casos.

Emalcsa y Cultura > Además, según afirma Caxigal, el grupo municipal ha presentado dos recursos de reposición por la denegación de acceso a los estatutos de la Fundación Emalcsa y al proyecto Coruña Futura. El nacionalista criticó que el PP gaste 950.000 euros públicos en un año y medio “para que algunha mente iluminada faga o proxecto de cidade do que o PP carece e para que se monte un goberno local paralelo”.

“Non sabemos que pretende financiar o PP con eses 950.000 euros, máis demóstrase que o señor Negreira carece de modelo de cidade”, señaló.

Por su parte, Bravo denunció que igualmente se les está denegando el acceso a los convenios que la Concejalía de Cultura firmó en los presupuestos de 2011, un total de 17 convenios. Sobre eso, anuncian que, tras conocer los datos de liquidación de las cuentas del pasado año, no hay nada pagado. Señala la nacionalista que inicialmente había presupuestados 119.047 euros, con un gasto comprometido de 65.270, y con un remanente de 53.777 euros. Sin embargo, el gobierno local habría impedido el acceso a esta documentación escudándose, según denuncia la concejala, en que se trata de una petición genérica.