Los juzgados de lo penal coruñeses tienen 7.000 condenas pendientes

\“Dictar sentencias es rápido, lo complicado es ejecutarlas\”. El comentario, de un trabajador de los juzgados coruñeses, sirve para entender las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial que, a cierre de 2011, contabilizaban para los seis juzgados de lo penal de la ciudad hasta 6.709 condenas pendientes de cumplimiento. La \“complicación\” se acentúa si se ponen en relación el número de pronunciamientos de los jueces de lo penal con el número de ejecutorias a las que tienen que hacer frente en un año. El pasado se sentenciaron 2.377 asuntos penales, pero las ejecuciones de las condenas impuestas se elevaron hasta las 5.233. Y aún así siguen quedando en cola cerca de 7.000, que se convierten en 9.000 al incluir los juzgados de instrucción, menores y violencia sobre la mujer, también de jurisdicción penal.

Desde los juzgados de lo penal matizan que el hecho de que estén \“pendientes\” no significa que las resoluciones se encuentren paradas y que las personas que han sido condenadas no estén cumpliendo las medidas de reclusión impuestas, o abonando las multas e indemnizaciones o realizando sus trabajos en beneficio de la comunidad. Son, aclaran, \“procedimientos vivos\”, lo que quiere decir que están en proceso de cumplimiento, abiertos, pero en trámite de una posible suspensión de la pena, del pago fraccionado de las responsabilidades personales o civiles en mensualidades o en espera, por ejemplo, de una respuesta a una solicitud de indulto.

Los trabajadores reclaman más medios, materiales y humanos, para evitar prescripciones

Tiempos muertos > Pero el que no estén parados no significa que esa importante pendencia no tenga repercusiones negativas, tanto para el juzgado como para los ciudadanos. \“El problema –, admiten desde uno de los penales de la ciudad– son los tiempos muertos\”. \“Muertísimos\”, completa otro trabajador, que encuentra la razón principal por las que las ejecuciones de sentencia llegan a dilatarse años en la dificultad de tener al día los plazos de su tramitación: \“Resulta imposible controlar cientos de expedientes, ahí faltan medios\”.

Tal como exponen varias fuentes consultadas, la dificultad surge por la ingente cantidad de trabajo de estos juzgados, que de forma paralela se encargan de enjuiciar asuntos penales y de dar salida a las condenas que derivan de esos juicios. Por consiguiente, cuanto más resuelva un juez más trabajo acumula su juzgado.

Pero no solo eso. Tal como apuntan desde los penales, al trabajo propio se suman las sentencias, fundamentalmente de tráfico y violencia de género, procedentes de los juicios rápidos que se celebran cada día en los juzgados de instrucción de guardia y se cierran por conformidad, cuyo cumplimiento también corresponde a los juzgados de lo penal.

\“Un polvorín\” > \“Los trabajadores no quieren quedarse allí, los juzgados de lo penal son un polvorín\”, lamentan desde el sindicato CCOO, que reclaman a la Xunta más personal y medidas de refuerzo para estas unidades, para evitar la sobrecarga de la plantilla y también el riesgo de que las penas prescriban antes de cumplirse.

Ese temor no es exclusivo de los sindicatos, y desde algunos juzgados admiten que el peligro de prescripción está siempre presente, aunque más en los pagos que en las penas de cárcel. Para evitarlo, desde esta jurisdicción sugieren distintas opciones, que coinciden en la necesidad de plantilla y de la especialización del que se encargue de esta tarea.

Necesaria es también, indican, la reorganización de la oficina judicial y la implantación del expediente electrónico, para automatizar el control de este proceso, unificar los distintos sistemas de registro y dejar atrás la enorme cantidad de papeleo a la que sigue atada la justicia a día de hoy.