Los impagos en el turno de oficio vuelven a movilizar a los abogados

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  a. barbadillo > a coruña

  Las aguas vuelven a estar revueltas entre los abogados que integran en A Coruña el turno de oficio y la Xunta, como resultado de la última factura recibida por los letrados en pago por las asistencias prestadas en el segundo trimestre de año. Fueron, para la mayoría de ellos, 21 euros brutos por tres meses de trabajo, a lo que hay que sumar honorarios de 0,24 euros, también brutos, por una guardia de 24 horas en juzgados como el de violencia sobre la mujer.
La situación resulta, a ojos de los profesionales, intolerable, y así se lo están haciendo llegar, por escrito, al decano del Colegio de Abogados, con el requerimiento de que el ente colegial tome las medidas oportunas para dar solución a esta disfunción.
Porque esta última reducción de los honorarios de los abogados que ejercen el servicio de justicia gratuita esconde, según los afectados, problemas de más calado. Entre ellos, el cambio de criterio que ha tomado la Xunta en los requisitos que se les exigen para justificar los turnos asignados y poder cobrar por el trabajo que han realizado.
“Ha habido un cambio de criterio y ni siquiera nos informan”, se queja uno de los profesionales.  Como explican, en los últimos meses, la Xunta –a través de la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita– ha empezado a rechazar el modo de justificar las asistencias que hasta era comúnmente aceptado: el escrito de personamiento como letrado en los turnos procedentes de una guardia, o lo que es lo mismo, el documento que se deriva de la primera actuación de estos abogados tras asistir a un detenido o imputado.
Según denuncian, en el último trimestre han empezado a recibir de vuelta esas justificaciones por inválidas, lo que significa la denegación del pago de esas asistencias. En su lugar, el documento que se les exige ahora para verificar su intervención como abogado de oficio es el escrito de defensa. Esto significa que todos los servicios que presten en procedimientos penales que acaben sobreseidos o archivados no podrán ser cobrados, incluso si abarcan toda la instrucción u pese a que pueden incluir desplazamientos, fotocopias y jornadas completas de trabajo. “Es un comportamiento indigno”, sostiene el colectivo, que alerta del contrasentido que supone que el abogado que ejerza mejor su labor y logre que un ciudadano no vaya a juicio será el que se quede sin cobrar.

Reunión informativa > En las reclamaciones que los profesionales están remitiendo al Colegio de Abogados piden información personal y suficiente sobre estos cambios. Es por ello que pretenden forzar una reunión de la Comisión Provincial de la Asistencia Gratuita para que ofrezca explicaciones acerca del nuevo modo de proceder. Según sostienen, entre los criterios que han empezado a implantarse existe otro que les obliga a asumir un papel que hasta ahora era competencia de la administración, como es el de demostrar que las personas que solicitan asistencia letrada gratuita cumplen con los requisitos para que esta le sea concedida.
De este modo, y como en el caso anterior, se encuentran con la situación de que se quedan sin cobrar servicios que ya han prestados, si el ciudadano que requirió su asistencia no les facilita la documentación que acredita que tiene derecho a un abogado de oficio. “Incluso nos está reclamando que se reembolsemos pagos que ya hemos cobrado”, censuran.

Solo las concedidas > La factura que la semana pasada han empezado a recibir los abogados de oficio con los pagos correspondientes al segundo trimestre ha sido la gota que ha colmado el vaso. Según se les informa, en ella se remuneran los asuntos en los que la Comisión de Asistencia Gratuita haya concedido el derecho a un abogado de oficio, y quedan fuera las que están pendientes de resolverse, para que puedan ser incluidas en próximos pagos.
A ojos de los afectados, el recorte responde a la coyuntura económica: la Xunta ha consignado menos fondos a los colegios para abonar el servicio gratuito –269.500 euros, en el caso del coruñés, según el Gobierno gallego–, y estos han tenido que repartirse entre las cada vez más numerosas asistencias. Como resultado,  los abogados han dejado de percibir una media de 200 euros, que en caso de letrados que asisten en partidos judiciales como Carballo ascienden hasta casi 400 euros.
Así las cosas, los letrados cargan contra el ultimo anuncio de la Xunta en referencia al turno de oficio. Esta misma semana, el gobierno gallego se felicitaba por haber agilizado los pagos a los colegios profesionales para cubrir este servicio, visto el aumento de demanda que se está derivando de la crisis económica.
A ello responden los letrados con la amenaza de acciones de protesta, que podrían concretarse en la baja masiva de profesionales del turno o en movilizaciones como la huelga que ya protagonizaron hace menos de tres años.


 

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