La ley de rehabilitación impone el reto de hacer eficientes los pisos coruñeses

La ley de rehabilitación impone el reto de hacer eficientes los pisos coruñeses
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La entrada en vigor de la Lei de Rehabilitación de Galicia hace escasas semanas pone varios retos sobre la mesa para el sector inmobiliario coruñés en general. Una de las metas es que los promotores se interesen y consigan comprar inmuebles y licencias para reformarlos, pero quizá el desafío más grande es la readaptación a los parámetros de eficiencia energética de aquellos inmuebles que siguen siendo habitados pero que están lejos de cumplir ciertas pautas. 

El secretario general de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de A Coruña (Aproinco), Juan José Yáñez, reconoce que el estreno de la norma gallega –que hace escasos días se oficializó a través del Boletín Oficial del Estado (BOE)– tiene a todas las empresas “muy expectantes”. 


“En Aproinco ya hemos rehabilitado y nos gustaría rehabilitar más”, indica sobre las empresas asociadas, si bien esto ocurre sobre todo en propiedades en estado de abandono. 


Yáñez opina que “llevará años” llevar a la práctica planes como el Rexurbe (ya existente en otras localidades como Betanzos) anunciado por la Consellería de Vivenda para la zona de Pescadería y otros similares. En cualquier caso, valora de manera muy positiva que la Xunta trate de “hacer atractiva la rehabilitación ante las empresas”. 
Para la vicepresidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Galicia, Carmela Lavandeira, hay muchas tareas pendientes pero una de las más duras puede ser obligar a que las comunidades de vecinos afronten la adaptación de sus casas a los postulados de la eficiencia energética. 


“Tenemos que ponernos mucho las pilas en España porque en 2020 ya hay una normativa europea que hay que cumplir de rebaja de emisiones, que es mayor para 2050”, incide Lavandeira, que interrogada sobre si los edificios de la ciudad están preparados para el cambio asegura que “no están adaptados para nada”. 

Un equilibrio complicado
“Las casas se tienen que ir adaptando a medida que se hagan obras”, añade. A pesar de que cada vez hay una mayor concienciación social “todavía hay muchas calderas de gasoil, fachadas por las que se pierde el calor, ventanas sin rotura del puente térmico...”, solo por enumerar algunos problemas que detectan los profesionales en los edificios con respecto a la norma. 


La parte que no convence del todo al colectivo es que la ley abra la posibilidad de que se expropien edificios a punto de derrumbarse y a los que no se les da una salida al mercado.  Lavandeira reconoce que, por una parte, el peso de esta amenaza puede hacer que los propietarios se den cuenta de que tienen que actuar, pero por otra parte piensa que rehabilitar edificios antiguos sale muy caro por todas las exigencias de respeto al patrimonio y que muchos vecinos no asumen estas actuaciones porque no pueden.


“Tampoco hay quien los compre por ese mismo motivo: hacer frente a la conservación es muy caro pero tener edificios en ruinas también supone un coste” por lo que habría que encontrar una fórmula compatible “para regenerar zonas antiguas”.

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