De Lara imputa a Flores, Nogueira y Caxigal por un delito de cohecho

Una nueva ronda de imputaciones desde el juzgado de instrucción número 1 de Lugo vuelve a salpicar, tanto al actual gobierno municipal como al anterior bipartito. La jueza que tutela la instrucción por la trama de corrupción conocida como “Pokémon” emitió ayer una serie de providencias en las cuales imputa por un nuevo delito, este de cohecho, al portavoz del gobierno local, Julio Flores, y al concejal socialista José Nogueira, ambos implicados ya en el caso como presuntos autores de tráfico de influencias.
Además, en esta nueva fase, la magistrada Pilar de Lara imputa por ese mismo delito al exconcejal del BNG Xan Martínez Caxigal, que formó parte del gobierno bipartito en el que estaba  también José Nogueira, y quien renunció a su cargo en octubre de 2012, coincidiendo con el momento en que la investigación judicial en torno al grupo Vendex irrumpía en la ciudad.
Los nombres de los tres políticos coruñeses cierran una lista que integran otros 15 imputados por cohecho, entre los que se cuenta, además de los dirigentes de Vendex José María Tutor y Gervasio Rolando Rodríguez Acosta, el alcalde de Ferrol,  José Manuel Rey Varela. Además, en esa misma resolución, dictada ayer dentro de esta pieza separada de la “Pokémon”, se emplaza a comparecer como testigo al presidente de la Diputación coruñesa, Diego Calvo.
 
en silencio
Todos ellos están llamados a declarar el próximo día 30 en el juzgado de instrucción número 1 de Lugo, el mismo en el que ayer estaban citados Tutor y Rodríguez Acosta, delegado y administrador de Vendex, pilares básicos de la investigación. Según avanzaban fuentes próximas al caso, la jueza instructora pretendía centrar su interrogatorio de ayer en los vínculos de las empresas de Vendex con A Coruña, algo que no fue posible porque los imputados se acogieron a su derecho a no declarar.
No parece que vaya a ocurrir lo mismo el próximo lunes, según se infiere de las últimas providencias, donde la jueza ordena incluir en los autos, entre otros documentos, un informe atestado que apunta a la posible comisión de delitos de blanqueo y cohecho, y del que derivan las nuevas imputaciones de políticos coruñeses, ferrolanos, ourensanos y otros cargos y empresarios.
El delito de cohecho afecta a aquellos funcionarios y cargos públicos que aceptan dádivas o favores, o los piden, a cambio de efectuar actos contrarios al ejercicio de su cargo, una cuestión sobre la que la jueza De Lara interrogó al portavoz del gobierno coruñés durante su declaración, el pasado mes de febrero.
La magistrada quería saber los términos de una conversación interceptada por los agentes de Vigilancia Aduanera en la que, supuestamente, Flores y Tutor hablaban de llevar “unos papeles” a Ferrol. Los investigadores concluyeron que en ella, el dirigente local facilitaba al delegado de Vendex el teléfono del alcalde de esa localidad, y que también se aludía a Diego Calvo, con el que el regidor ferrolano mantiene una estrecha relación política. Todo apunta a que esta conversación, de mayo de 2011, volverá a salir en la próxima toma de declaraciones.  n