La protesta por los desalojos del Ofimático colapsa Alfonso Molina

Los últimos vecinos que ocupan los terrenos del Ofimático se manifestaron por primera vez ayer sobre el paso elevado de Alfonso Molina que se encuentra frente a sus casas. Colgando una pancarta y cruces en las que denunciaban su desahucio, despertaron la simpatía inmediata de los conductores que circulaban por la avenida que empezaron a pulsar sus bocinas y a formar un embotellamiento de dos kilómetros y medio de largo. Los afectados les respondieron con aplausos. Manuel Martínez Ramallo, el jubilado octogenario al que obligan a abandonar su casa, reconoció el alivio que le daba ese apoyo.

Los conductores ralentizaron su marcha y tocaron sus bocinas como muestra de apoyo

“Me siento un poquito mejor, pero ayer pasé mucha angustia”, comentaba. Y es que el jueves había recibido un aviso del Ayuntamiento notificándole que el lunes le entregarían una orden de de desalojo para que se fuera de su casa en el plazo de cinco días, junto con su mujer y su hijo de 41 años en paro, porque estorba el progreso de las obras. Según él no tienen ningún lugar a donde ir, y su pensión no les permite alquilar un piso y cubrir sus otras necesidades al mismo tiempo. Así que decidieron protestar.

Junto con Martínez, hay otras dieciséis familias pendientes de que las echen de sus hogares, que ayer decidieron manifestarse mientras los conductores leían sus carteles reduciendo la velocidad. En una de las cruces que también colocaban en la barandilla del paso elevado se podía leer “Sin vivienda por el Ofimático”. Pero la pancarta más grande era una acusación en toda regla: “Expolio en el Ofimático, Ayuntamiento culpable”.

Una obra ilegal

Porque para los afectados, muchos de ellos personas jubiladas y algunos muy mayores, la situación en la que se encuentran es culpa del gobierno local y autonómica, que permitieron al especulación en sus terrenos que recuerda que se expropiaron para convertirlos en un polígono de oficinas, y no en un núcleo residencial. “Toda esta obra es ilegal”, aseguran.

Ninguno quiso vender sus hogares cuando el mercado inmobiliario estaba en alza, así que se les convirtió en promotores a la fuerza, entregándoles una parcela donde levantar su casa y una compensación por su vivienda. En el caso de los Martínez es de 81.000 euros, de los que 80.000 se utilizan automáticamente para pagar los costes de urbanización. Le quedan mil euros. “¿A dónde voy con eso?”, pregunta el jubilado.

Su situación es un reflejo de la que que están pasando sus vecinos. A ninguno de ellos les ha llegado el aviso de desalojo, pero los expropiaron como a él a cambio de un cantidad que consideran injusta. A unos les han tasado sus casas en 125.000 euros, a otros en 300.000... En todos los casos, los costes de la urbanización se llevarán casi todo, de manera que tendrán que pagar la construcción de una nueva vivienda desde cero de su bolsillo. Recuerdan que la Xunta alegó “estrés de contaduría” para no pagar los costes de urbanización y que ellos son personas sin medios. Es por eso que piensan continuar con las movilizaciones hasta obtener una solución.