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jueves | 18 abril | 2024
Misma mecánica, misma procedencia. La Policía Nacional acaba de desmantelar una nueva red que, como ocurrió hace cuatro años, se dedicaba a amañar desde un bar de la zona de Os Mallos bodas ilegales entre mujeres coruñesas y hombres procedentes de Pakistán y sin permiso para residir en España, con el objetivo legalizar la situación de los inmigrantes.
La jueza envíó ayer a prisión a un hombre paquistaní e imputó a nueve personas más
En esta ocasión, el punto de encuentro parece estar en un cibercafé próximo a la ronda de Outeiro, desde el cual, el promotor o promotores de la trama contactaba con las contrayentes, para después concertar los enlaces fraudulentos, que se oficiaron en parroquias de A Coruña y Santa Cruz, entre otras localidades.
Hasta el momento, un hombre de nacionalidad paquistaní ha sido enviado a prisión por su implicación en este negocio y al menos otras nueve personas están imputadas, como el anterior, por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros por favorecimiento de la inmigración ilegal. La jueza de instrucción 2, que ejerce esta semana funciones de guardia, tomó declaración en la mañana de ayer a estos 10 detenidos y, al cierre de esta edición, seguía con las comparecencias de otras cuatro personas, hombres y mujeres, españolas y extranjeros, también vinculadas al caso.
La Policía Nacional, en colaboración con la brigada de Extranjería, había identificado dentro de esta misma investigación a seis mujeres más, si bien todas ellas quedaron en libertad en la mañana del miércoles tras declarar en dependencias policiales.
Se desconoce si los párrocos que oficiaron alguno de estos matrimonios ilegales ha sido llamado ante la jueza, aunque fuentes próximas al caso niegan que haya religiosos imputados, como sí ocurrió con la red desmantelada en 2008.
hasta ocho años
Por el momento, la magistrada ve indicios de que los imputados cometieron un delito del artículo 318 bis del Código Penal, que sanciona con penas de entre cuatro y ocho años a quienes “directa o indirectamente, promuevan, favorezcan o faciliten el tráfico ilegal o la inmigración clandestina de personas desde, en tránsito o con destino a España, o a otro país de la Unión Europea”.
La pena podría incluso elevarse en caso de que se demuestre que los implicados actuaban con ánimo de lucro o valiéndose de su superioridad sobre las víctimas, como sucedió en el negocio desmantelado en 2008, en el que los promotores se aprovechaban del estado de necesidad de las mujeres implicadas, que cobraban pequeñas cantidades por casarse con desconocidos.
