8º-18º
martes | 23 abril | 2024
El juzgado de instrucción número 2 recibió ayer a varios okupas y familias gitanas que han tomado los pisos vacíos del edificio de A Silva, y uno a uno, la jueza les ha dicho lo mismo: deben desalojar las viviendas en un plazo de 24 horas. Se trata de una medida cautelar para poner fin a un delito de usurpación, pero eso no quiere decir que mañana el edificio Residencial Finisterre esté vacío: se espera que las comparecencias continúen a lo largo de toda la semana. Además, la resolución no es firme, así que se puede interponer un recurso de reforma en el plazo de tres días. Aún así, es muy poco probable que la magistrada lo acoja. De esta manera, se espera que para el lunes o martes de la semana que viene se ponga fin –por la fuerza policial, si es necesario– a casi un mes de ocupación gitana del edificio Residencia Finisterre.
Las familias de chabolistas llevan casi un mes instaladas allí y los okupas, cerca de tres meses
De nada ha servido que las familias de Penamoa alegaran que no tienen adónde ir, que deben cuidar niños o ancianos enfermos o que los okupas, que hacía casi tres meses habían sido los primeros en allanar el lugar ante la indiferencia de los vecinos, explicaran que habían acudido para participar en la creación de un centro cívico. La jueza ha sido inflexible: en caso de no atender al requerimiento, incurrirán en un delito grave de desobediencia a la autoridad y los antidisturbios serán los que procedan al desalojo por la fuerza policial.
La magistrada atendía así a las denuncias presentadas por la promotora Proinsa (a la que pertenecen 56 viviendas y que se encuentra en concurso de acreedores) y Caja España (que es dueña de 78 pisos), después de permitir a los okupas y chabolistas exponer \“su derecho a la permanencia en el edificio en cuestión\”. Las denuncias de estas dos entidades y la documentación aportada dejaban claro al juzgado de la existencia de un delito de usurpación; de ahí que adoptara medidas contundentes. La magistrada no menciona en los autos dictados ayer al Ayuntamiento, que había solicitado personarse como parte debido a la \“alarma social\” que la ocupación –que el propio juzgado califica de \“masiva\”– generó en el vecindario, y que había pedido el desalojo por vía de urgencia.
Recursos > Precisamente, la presidenta de la asociación de O Ventorrillo, Rosa Barreiro, fue de las primeras en mostrar su satisfacción por la decisión que ha tomado la jueza \“y más en este plazo de tiempo\”, aunque pidió cierta cautela hasta que se vea cómo evoluciona la situación, que sigue siendo delicada. De momento, varios de los okupas anunciaron que recurrirán, aunque solo sea para ganar los días que establece el recurso. Como la autoridad judicial ya espera eso, la instructora aguardará a que se agote el tiempo de los chabolistas citados el viernes antes de dar orden la Policía para que expulse a los que aún permanezcan en el edificio.
De hecho, varios de los citados ayer a comparecer ante el juzgado no lo hicieron, desentendiéndose de un proceso que ya dan por perdido. Para muchos de ellos el desalojo de la semana que viene será el segundo que sufren en menos de quince días, después de que la excavadora acudiera el pasado día 20 a derribar las chabolas que aún permanecían en pie en Penamoa, que consiguieron retrasar hasta un año gracias a la batalla legal que presentaron en los juzgados. Y muchos saben también adónde irán cuando dejen A Silva. Los chabolistas han encontrado en la ocupación de edificios abandonados una nueva forma de presionar al gobierno local para que les ofrezca una solución al problema de la vivienda y alguno ha llegado a afirmar que el próximo municipio que les acogerá será el de Arteixo.
Pero, a estas alturas, algunas de las 52 familias que ocuparon los pisos se han marchado, en parte por la presión policial o por las gestiones de los asistentes de los Servicios Sociales del Ayuntamiento, así que no está claro a cuántas personas (unas cuarenta familias) habrá que desalojar llegado el momento.
