La Guardia Civil ve a los acusados del crimen de Aranga como una banda

La Guardia Civil ve  a los acusados del crimen de Aranga como una banda

Las investigaciones desarrolladas en paralelo desde finales de 2008 por la Guardia Civil de A Coruña y Noia para descubrir, por un lado, a los autores de la oleada de asaltos que estaban sufriendo numerosos chalés de la comarca y, por otro, el paradero de los dos residentes en Muros que faltaban de casa desde principios de noviembre de ese año desembocaron en una conclusión común: que el objeto de la búsqueda era una banda organizada. Lo que los investigadores de ambas unidades descubrirían de una forma casi fortuita meses después es que estaban detrás de las mismas personas, tal y como varios de sus miembros declararon ayer ante el tribunal de la Audiencia que enjuicia la muerte y descuartizamiento de Manuel Ramón Luces y Javier Toledo.

Fue durante la escucha a una conversación telefónica del principal sospechoso por las desapariciones, José Ramón Blanco Vila, más conocido como Coque, con otro hombre que también hoy ocupa el banquillo de los acusados, en la que salió a la luz el robo a una vivienda. “Se les consideraba un grupo organizado”, constató ayer uno de los agentes que hacía el seguimiento de Blanco Vila desde Noia y que en aquella época llegó a verle en compañía de su interlocutor en aquella charla, Alberto Souto, y de su mujer, la coacusada Pilar Piñeiro, en lo que parecía la búsqueda de objetivos para un nuevo atraco.

 

“Radiado” > Aquel “robo radiado” por teléfono entre varios de los hoy acusados, como llegó a calificarlo ayer el teniente que dirigía el grupo de investigación de delitos contra el patrimonio, propició la intervención de más teléfonos y permitió a los investigadores concluir que los sospechosos realizaban un “trabajo coordinado” que se extendía no solo a aquel caso concreto, sino a media docena más de asaltos.

“Todos jugaban un papel en coordinación perfecta”, describió el mando de la Guardia Civil, en referencia a seis de las personas que desde el lunes se enfrentan a juicio por su participación en el crimen perpetrado en Aranga. Fuera deja, únicamente, al joven que la noche del asesinato se encontraba en la casa de Coque acompañando a su esposa, al que la fiscal culpa de haber encubierto los asesinatos y haber ayudado en la ocultación de los cadáveres.

Las voces de las otras seis personas se escucharon en una o varias de las intervenciones a las que fueron sometidas las líneas telefónicas, y en todos los casos se llegó a la convicción de que habían participado en alguno de aquellos robos. “Los contactos entre ellos eran claros”, ratificó otro de los miembros del Instituto Armado que perseguía en aquella fecha a los autores de los robos. “Me consta que se reunían unos en casa de los otros”, añadió.

La misma tesis sostenían los agentes de Noia que vigilaban a Blanco Vila tras saber que su casa de Montesalgueiro, Aranga, era el último destino conocido de los dos desaparecidos, que según habían contado a varios familiares habían acudido allí para reclamarle a Coque una deuda de 900 euros por una venta de hachís. Las vigilancias sobre el sospechoso facilitaron la identidad de al menos otros dos de los acusados.

La conclusión puede ser relevante, si se tiene en cuenta que la Fiscalía y la acusación particular sostienen que los siete procesados actuaron de forma conjunta en los descuartizamientos y el traslado de los cadáveres desde Aranga hasta la casa de Fonteculler, también propiedad de la familia de Blanco Vila, donde los restos mortales serían localizados en 2009.

 

En un registro > Fue, según indicó ayer en la tercera sesión del juicio uno de los guardias civiles aparecieron en el registro en que se descubrieron los cadáveres, durante la inspección efectuada a la vivienda de Fonteculler dentro de la investigación de los robos en viviendas. Como describió, los agentes abrieron una alcantarilla y, bajo una capa de escombro, comenzaron a aparecer bolsas –hasta cinco– con restos humanos. En el suelo encontraron también las llaves de una furgoneta que Blanco Vila había alquilado cuatro días después de las desapariciones en una empresa de la Sagradas Familia.

En ese punto confluyeron finalmente las dos líneas de investigación, por las que seis de los siete acusados están inmersos en dos procedimientos judiciales distintos. Por el crimen, el que está considerado autor de los asesinatos se enfrenta a una pena de casi 53 años de cárcel, mientras que para sus compañeros de banquillo se piden condenas de entre diez meses y casi seis años de reclusión.

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