lunes 26/10/20

La Fiscalía culpa a la madre de los mellizos de no protegerlos y la acusa de homicidio por imprudencia

Cinco jornadas de juicio y cerca de una treintena de testimonios han llevado a la fiscal que investigó desde el inicio la muerte de los dos niños asesinados a golpes en un piso de Monte Alto en agosto de 2011 a una convicción: que Javier Estrada, el que era compañero sentimental de la madre de los mellizos hasta entonces, autor confeso del crimen, era una “bomba de relojería” y que su pareja era consciente de ello: “No cuadra una matanza de este calibre sin que la madre supiera lo que tenía en casa.
el acusado escuchã³ cabizbajo y con los ojos cerrados los informes, antes de hablar quintana
el acusado escuchã³ cabizbajo y con los ojos cerrados los informes, antes de hablar quintana

Cinco jornadas de juicio y cerca de una treintena de testimonios han llevado a la fiscal que investigó desde el inicio la muerte de los dos niños asesinados a golpes en un piso de Monte Alto en agosto de 2011 a una convicción: que Javier Estrada, el que era compañero sentimental de la madre de los mellizos hasta entonces, autor confeso del crimen, era una “bomba de relojería” y que su pareja era consciente de ello: “No cuadra una matanza de este calibre sin que la madre supiera lo que tenía en casa. Alguien tuvo que calentarlo. Nadie pasa de cero a cien, si no tiene una enfermedad mental”.

Con esta certeza, la representante del Ministerio Público modificó ayer sus conclusiones y pasó a acusar a la progenitora de dos delitos de homicidio imprudente (además de lesiones y malos tratos), siguiendo la línea de la acusación popular, que ejerce la Fundación Clara Campoamor.

“Estaba más que advertida de lo que tenía en casa”, argumentaron fiscal y acusaciones, aludiendo a los consejos que Mar Longueira, la procesada, recibió de varias amigas y de la orientadora y la psicóloga del colegio de sus hijos sobre el “riesgo” que comportaba delegar la educación de los mellizos en quien acabaría por matarlos.

Hasta ayer, la posición de la acusación pública colocaba a la mujer en el papel de autora de un delito de malos tratos habituales, por permitir que su compañero pegara, gritara y descalificara a los niños, de diez años, y ejercer ella misma violencia sobre sus hijos. La modificación, que supone un incremento de la petición de pena, desde los 11 hasta los 16 años de reclusión para Longueira, llega con el convencimiento de las tres acusaciones de que actuó “con pasividad ante un deber de proteger a sus hijos”. “Como madre –estima la letrada de la Fundación Clara Campoamor, Rocío Beceiro– estaba obligada a evitar el resultado de muerte de sus hijos y no actuó”. “Tiene un cierto nivel de complicidad”, abundó el abogado que representa al padre biológico de los mellizos, Joaquín de la Vega.

clima de violencia

“Su inacción está directamente relacionada con el fallecimiento de los niños”, resumió la representante de la Fiscalía, que habla también de un delito de malos tratos habituales por considerar que, al margen de episodios concretos, primero Longueira y, más tarde, también Estrada sumieron a los menores en un clima de violencia, miedo y falta de afecto.

Un afecto, no obstante, que sí apreciaron tanto las tutoras de los pequeños como la pediatra que los atendió desde su nacimiento, o varios de los amigos de la acusada que en los ocho meses de convivencia de la pareja coincidieron con la familia. Y ese es uno de los razonamientos que lleva a las defensas a descartar la existencia de delitos de malos tratos habituales, lesiones y mucho menos homicidio por imprudencia, en caso de la madre.

“Profesionales especializados coinciden en que no eran niños maltratados. Si les dieron cachetes, gritaron o riñeron nunca fue con afán de maltratarlos, sino de corrección”, razonó Lucía Rama, letrada que representa al acusado, cuya tesis se apoya en la palabra de las 25 personas que en el juicio negaron conocer esa situación de maltrato.

En la misma línea, el abogado de la madre, Víctor Bouzas, pone en duda los testimonios de la vecina y las conocidas que sí aseguran haber oído insultos de la madre o presenciado alguna agresión y pone de relieve que ni los Servicios Sociales municipales ni los de la Xunta percibieron una situación grave de riesgo en aquella casa. “El equipo técnico (del juzgado) recomendó la custodia de la madre (tras su divorcio, en 2005), ¿también ellos fallaron?”, se preguntó.

última palabra

Ambas defensas piden la absolución de los delitos relacionados con el maltrato pero, en el caso de Estrada, el treintañero se enfrenta además a dos imputaciones por asesinato que pueden costarle la pena máxima (20 años por cada uno), al entender las acusaciones que el crimen se ve agravado por la “relación de parentesco” entre víctima y agresor, y por la “alevosía” y brutalidad con la que se perpetró.

Varias matizaciones hizo ayer a esto su defensa, que entiende los hechos como dos homicidios sin alevosía que han de enmarcarse en las circunstancias del procesado. Si para la Fiscalía y el resto de acusadores, Estrada era plenamente consciente de sus actos cuando golpeó a los menores hasta la muerte y tenía intactas sus facultades mentales, su representante legal opone para rebatirlo un informe psiquiátrico que le atribuye un retraso “leve” y trastorno paranoide: “Esa combinación hizo que interpretase los juegos de los niños como una falta de respeto hacia su persona y reaccionase impulsivamente –“desproporcionadamente”, dijo en otro momento– contra ellos”.

Es más de lo que el propio Estrada explicó ayer, al hacer uso de su derecho a una última palabra que fueron 15: “Lo único que puedo decir es que no sé cómo pudo pasar lo que pasó”.

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