La Fiscalía apuesta por la mediación extrajudicial en los procesos a menores como forma de ahorro

 Una inversión que supone un ahorro. La Fiscalía de Menores de A Coruña ha solicitado a la Xunta la dotación de equipos dedicados en exclusiva a la mediación extrajudicial, cuya labor consistiría en desarrollar con los delincuentes juveniles actividades educativas, de reparación del daño causado y de conciliación con las víctimas. Se trata de una alternativa a la vía judicial que se viene aplicando de forma creciente y cuyos resultados están, según el fiscal especializado, “empíricamente contrastados”. Más allá de la rentabilidad social, esta solución supone, según se le plantea al Gobierno gallego, un ahorro directo para las arcas públicas, que con estos equipos eluden el gasto de un procedimiento judicial y su sanción.

a. barbadillo > a coruña

  El ahorro que supondría para la administración pública la reducción del número de procedimientos judiciales es uno de los argumentos que esgrime la Fiscalía para apostar por la mediación en los procesos a menores y reclamar a la Xunta equipos profesionales con dedicación exclusiva a esta tarea, cuyos efectos beneficiosos, señala, han sido “empíricamente contrastados”. Se trata de aplicar acciones pedagógicas, desde la actividad reparadora o de conciliación del menor infractor con su víctima hasta la prestación de servicios a la comunidad, con el objetivo interrumpir el ciclo de desarrollo de las personalidades juveniles delincuentes.
En un informe reciente, el fiscal especializado en Menores de A Coruña hace hincapié en el gasto que genera la ejecución de una medida de internamiento de un delincuente juvenil, 209 euros por día. A ello hay que añadir, indica, el desembolso que supone para las arcas públicas la asistencia letrada de oficio en estos casos, que establece en 233,5 euros, y el coste derivado de la instrucción del procedimiento, por las citaciones por correo, burofax, telegramas, tasaciones periciales, más los gastos propios del juicio.
Frente a la judicialización está la mediación. En 2010, el equipo técnico de A Coruña cerró por esta vía 129 procedimientos judicales a menores –en Galicia se registraron un total de 265–, lo que significa un aumento relevante de esta clase de solución, que en el año 2005 apenas suponía el 4,7% de los casos y que en 2010 representaba el 15% del total de expedientes tramitados, 1.740 en toda Galicia.
Pero el factor económico es solo uno más de los beneficios de la solución educativa. De la eficacia de la desjudicialización hablaba el fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, en la apertura del año judicial, al señalar que las experiencias de aplicación de medidas socioeducativas en el ámbito de la justicia juvenil han mostrado que “incluso aqueles adolescentes maiores de 16 anos autores de infraccións graves poden alcanzar excelentes índices de recuperación e volvérense aptos para a vida social útil e productiva”.
Como se recoge en el informe de la Fiscalía de Menores, la mediación tiene consecuencias positivas para la víctima, ya que permite acelerar la resolución de los procedimientos, lo que supone un aliciente para los perjudicados, que ven resarcidos más rápidamente el daño sufrido. También para el menor implicado, que obtiene la ventaja de la inmediatez de la respuesta judicial; en caso contrario, el tiempo que pasa entre que se inicia un expediente hasta que se cierra puede llegar a superar los dos años.
El estudio alude también a la eficacia que se obtiene a través de la mediación, al destacar que la tasa de reincidencia tras una medida extrajudicial es baja: “Se comprueba que el cara a cara con la víctima produce frecuentemente el efecto disuasorio en el comportamiento infractor”. Además, la reparación del daño o la realización de una actividad educativa en lugar de la sanción produce, a ojos del fiscal, el efecto de “interiorizar en el menor infractor valores cívico educativos”.

Por delito > Las 129 soluciones extrajudiciales adoptadas en la provincia abarcan distintos tipos de delito, de los que aquellos contra la seguridad vial encabezan la lista, con 26 casos. Le sigue, con 21, la violencia familia, y el hurto, con 18 casos, y a continuación se contabilizan 16 asuntos contra la integridad moral, de amenazas y malos tratos, en los que quedaincluido también el acoso escolar.
A la vista de los beneficios de esta alternativa, la Fiscalía observa un único obstáculo para afianzar esta solución sobre la vía puramente judicial: la falta de medios. “En Galicia podrían llevarse a cabo muchas más mediaciones para resolver el conflicto por la vía extrajudicial si se contase para ellos con dos equipos técnicos, uno en A Coruña y otro en Pontevedra, con dedicación exclusiva a la tarea mediadora”, informa el fiscal, que plantea como alternativa las medidas de refuerzo, con la incorporación de psicólogos en los equipos existentes.
“Podrían llevarse a cabo –insiste– si hubiese un equipo dedicado a su realización con carácter preferente o exclusivo, y que no necesariamente tendría que ser un equipo técnico como los actualmente existentes”.

Los delitos más recurrentes son contra el patrimonio

  El fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, aludía el pasado mes de septiembre a los delitos contra el patrimonio como los más recurrentes entre los delincuentes juveniles. Suponen, según sus datos, un  36% del total y dentro de ellos predomina la tipología de robo con fuerza, seguido de los daños y los hurtos. Los delitos de lesiones son los segundos en incidencia, y representan un porcentaje del 26%. Muy por detrás quedan, con un 4% del total, las infracciones contra la seguridad vial, que sin embargo son las que mejor respuesta obtienen en los programas extrajudiciales de educación, según hace notar el fiscal de Menores.

Varela, en contra de la “tolerancia cero” con la delincuencia juvenil

  En su discurso de apertura del año judicial, Carlos Varela ya apostaba por la educación como la vertiente a potenciar en el ámbito de la justicia de menores. “O dereito penal xuvenil dunha sociedade avanzada –manifestaba el fiscal superior– debe ser pouco comprensivo coa idea da responsabilidad individual, de  que a delincuencia xuvenil  debe ser tratada segundo a lóxica da ‘tolerancia cero’ e da retribución no senso de que ningún acto delictivo deba quedar sen resposta”. Frente a esa idea se inclinaba el fiscal superior por las medidas socioeducativas y de reparación, más efectivas de cara a la reinserción.