9º-16º
martes | 23 abril | 2024
Para la defensa del matrimonio llevado a juicio hasta ayer en la Audiencia por impulsar una red urdida en 2007 para captar en Marruecos personas con pocos recursos y atraerlas a España, previo pago de 10.000 euros y con la promesa de un contrato laboral estable, las intervenciones telefónicas a las que fueron sometidos los sospechosos en el curso de la investigación y, de igual modo, el registro a la empresa donde los inmigrantes eran contratados, fueron “desproporcionados”. “Atentan contra los derechos fundamentales”, alertó la letrada, para rebatir la petición de nueve años de cárcel a la que enfrentan sus clientes por delitos de estafa, falsedad documental e inmigración ilegal.
El fiscal pide nueve años de cárcel para el matrimonio acusado de la trama
La operación se inició en 2008 después de que tres de los ciudadanos marroquíes contratados por la empresa de montajes eléctricos en Vilaboa denunciasen irregularidades en sus contratos, después de ser dados de baja. Tal como argumentó ayer la Fiscalía en fase de informe, las pesquisas destaparon que las firmas de esas bajas “voluntarias” que se registraron en la Seguridad Social no se correspondían con las de los trabajadores, y en ese sentido, la acusación pública concluye que el administrador o su esposa fueron quienes falsearon los documentos.
La tesis acusatoria pasa por entender que el matrimonio había ideado una trama para captar, a través de un intermediario, personas en Marruecos con la promesa de un contrato. Esos trabajadores llegaban a la ciudad con un puesto pero, al poco tiempo, eran dados de baja en la seguridad social, y perdían la cantidad que, según llegaron a asegurar hasta cinco personas en el curso de la investigación, pagaban por ser traídos a España de forma supuestamente legal. “Los trabajadores pagan por el contrato, pero también por llegar a España, si no no pagarían. Hay intención de entrar en España, pero el contrato que se usa es falso”, argumentó ayer el fiscal, para respaldar su acusación por el delito de inmigración ilegal.
nulidad
“El relato del fiscal, aunque estructuralmente válido, en absoluto va acompañado de pruebas que acrediten que sucedió así”, rebatió ante el tribunal de la sección primera la defensa del matrimonio, que no entiende probado, ni el hecho de que fueran sus defendidos quienes firmaron las bajas de los trabajadores procedentes de Marruecos, ni la intención de “engaño” o el “ánimo de lucro” de la contratación de personas de fuera de España por parte de aquella empresa.
Sus mayores críticas, no obstante, fueron hacia las escuchas que se acordaron durante la instrucción, en las que se habla de los pagos que efectúan los marroquíes. A ojos de la letrada, su práctica no estuvo justificada, y en ese sentido pidió su nulidad como prueba de cargo. n
