La Audiencia se inhibe en el fraude del gasóleo y envía el caso a Pontevedra

 a. barbadillo > a coruña
  El macrojuicio que tenía previsto iniciarse ayer en relación con un fraude fiscal destapado en el año 2000 en el curso de una investigación judicial en la zona de Ferrol y vinculado a las tasas de comercialización de gasóleo no se celebrará en A Coruña. La Audiencia Provincial ha estimado una de las cuestiones previas planteadas por la mayor parte de las defensas de los 23 acusados, y apoyada por el representante de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, y ha admitido que carece de competencia territorial para conocer la causa. La razón, que el domicilio fiscal de las empresas de algunos de los acusados de comercializar de forma irregular el carburante, evitando tasas, se encontraba en distintos puntos de Pontevedra y no en A Coruña, con lo que el delito fiscal se habría cometido en esta provincia y es allí donde debe enjuiciarse.
Aceptando esta premisa, el tribunal de la sección primera de A Coruña se inhibió ayer en favor de la Audiencia de Pontevedra, que deberá decidir si es o no competente para celebrar el juicio. De llegar a una respuesta negativa, sería el Tribunal Supremo el que debería aclarar la cuestión, previo recurso.

Impuestos > La investigación que dio pie a este procedimiento penal se inició en torno a unos depósitos de hidrocarburos radicados en Mugardos, con lo que fue un juzgado de Ferrol el que dirigió la instrucción. En ella se llegó a la conclusión de que una serie de empresarios dedicados a servir combustible estaban evadiendo el impuesto especial de hidrocarburos y otras tasas mediante avituallamientos ficticios y otros mecanismos irregulares, que se realizaban con la connivencia de tres agentes de la Guardia Civil y dos funcionarios de Vigilancia Aduanera. Según concluye la Fiscalía, de este modo lograron defraudar más de 20 millones en impuestos.
Pero este hecho tampoco zanjaba la cuestión de la competencia territorial. Porque, como ayer alegaron, a modo de cuestión previa, varios de los abogados defensores, aquella primera investigación, que dio pie a escuchas telefónicas y registros ante la sospecha de que estaba cometiendo un fraude contra la hacienda pública, se acabó cerrando, con lo que Ferrol no debería haber dirigido la investigación posterior.
La implicación de los guardias civiles complicaba la cuestión. Para declarar la competencia de uno u otro órgano habría que fijarse en qué delito de aquellos que se van a enjuiciar es el que tiene asociado penas más graves y dónde se cometió. En este caso se trataría del que se imputa a los agentes del instituto armado, a los que se culpa de falsedad en documento público continuado, por dar el visto bueno a los envíos de gasóleo y los repostajes fraudulentos con su firma en las notas de entrega y el sello de la Guardia Civil.
Estas acciones se realizaron por agentes de los puestos de Lorbé, Muros y Narón, con lo que, a priori, la potestad para investigar y enjuiciar la causa estaría en este partido judicial y en A Coruña. Sin embargo, tal como hizo notar ayer el Ministerio Público, no está acreditado que las firmas de los partes irregulares  se efectuasen en estas localidades y, a mayores, tampoco ha sido probado que estos tres procesados hubieran cometido esta falsedad en los documentos de forma intencionada y no por imprudencia. De ser así, la pena con la que se castigaría esta conducta sería menor que la que sanciona el fraude fiscal, que pasaría a determinar el órgano que celebre la vista oral, en Pontevedra, según este criterio.

Prescripción > Con estas posibilidades sobre la mesa, los magistrados de la Audiencia han avalado la tesis del fiscal y ha optado por declararse incompetentes.
A mayores, las defensas de los 20 acusados que ayer comparecían ante el tribunal –otras tres personas están declaradas en rebeldía– formularon otros motivos para la suspensión del juicio, entre ellos la prescripción de la causa, que lleva abierta 11 años, y la nulidad de algunas diligencias como las escuchas telefónicas.