11º-14º
jueves | 25 abril | 2024
Los más de 252.000 euros que el futbolista César Martín, juzgador del Deportivo entre 1999 y 2006, le reclama al que en aquella fechas era su representante pueden convertirse en una pena de cinco años de cárcel para su exagente, José Ignacio Urquijo. La Audiencia Provincial celebra el martes el juicio para determinar si, como mantiene la Fiscalía y el representante legal del jugador, el mánager cometió un delito de apropiación indebida al quedarse con esa cantidad, que corresponde a los derechos de imagen acumulados por el exdeportivista durante su etapa en A Coruña.
Martín interpuso querella contra su agente en el año 2010, después de presentar una reclamación salarial contra el club de fútbol por los 252.500 euros que le adeudaba al extinguirse su relación laboral, en junio de 2006. La tesis que maneja el fiscal pasa por culpar al hoy acusado de haber negociado con el Deportivo “sin el consentimiento ni el conocimiento” del futbolista el pago de esos derechos que él gestionaba hasta conseguir que el dinero le fuera embolsado a través de una veintena de pagarés, con vencimiento mensual a partir de julio de 2009.
en secreto
Las acusaciones entienden probado que, una vez cerrada esanegociación secreta, el agente presentó en el juzgado de lo social donde se cursaba la reclamación para desistir del procedimiento al haberse alcanzado un acuerdo con el club. “El acusado –concluye la Fiscalía– en ningún momento informó al señor Martín de las negociaciones con el club de fútbol e hizo suyas las cantidades cobradas, incorporándolas a su patrimonio y defraudando así las legítimas expectativas de cobro del perjudicado, pese a que tenía perfecto conocimiento de que, como representante del jugador, estaba obligado a hacérselas llegar, al ser parte de su salario”.
Tal como se postula en el escrito de acusación, Urquijo pudo consumar el fraude porque tenía “control total” sobre las gestiones del jugador, que le había otorgado un poder “general, absoluto y amplio de administración, disposición y afectación de todos sus bienes y derechos propios”. En este sentido, el fiscal entiende probada la comisión de una apropiación indebida que, de confirmarse en sentencia, obligaría al acusado a devolver los 252.500 euros más los intereses generados.
