El juzgado Mercantil de A Coruña acuerda la liquidación de Martinsa-Fadesa

El juzgado Mercantil de A Coruña acuerda la liquidación de Martinsa-Fadesa
Logotipo de Martinsa-Fadesa. EFE/Archivo

El Juzgado de lo Mercantil número uno de A Coruña ha dictado hoy un auto por el que acuerda la apertura de la fase de liquidación en los concursos acumulados de Martinsa-Fadesa y otras cinco entidades deudoras.
El auto, al que ha tenido acceso Efe, llega tras la petición el pasado 2 de marzo por el Consejo de Administración de Martinsa-Fadesa de la apertura de este proceso ante el rechazo de las entidades financieras acreedoras a su modificación de los convenios concursales aprobados en marzo de 2011.
El 11 de marzo de 2011, este juzgado aprobó el plan de la inmobiliaria para pagar 7.200 millones de deuda en un plazo de hasta 10 años y levantar el concurso de acreedores, pero los incumplimientos del mismo y la falta de liquidez finalmente la llevaron a la liquidación.
Las grandes entidades acreedoras de la inmobiliaria rechazaron adherirse a la última propuesta de convenio presentada por el presidente de Martinsa, Fernando Martín, a finales de 2014 en un intento por ganar tiempo para salvar la compañía.
El auto establece que en esta fase de liquidación las deudoras quedan suspendidas de sus facultades de administración y disposición patrimonial, y por ello repone en el cargo a los tres administradores concursales que fueron cesados cuando se aprobó la sentencia del convenio.
Se trata de la abogada Antonia M.C.; Ángel M.T. en representación de KPMG Auditores, designada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y Antonio M.R., en representación de la acreedora Bankinter, que deberán aceptar el cargo en el juzgado dentro de los cinco días siguientes a la comunicación del auto.
Además de Martinsa-Fadesa, las sociedades que el auto declara disueltas son Town Planning Consultores S.L., Fercler S.L., Jafemafe S.L.U., Inomar S.L. e Inmobiliaria Marplus S.L.
Según el auto, los activos de Martinsa-Fadesa han sido recientemente valorados por la propia compañía, con ocasión de la solicitud de modificación del convenio, en algo más de 1.249 millones de euros, muy por debajo de la valoración que la masa activa recibió en 2010 y sin contar con la disminución propia del escenario de una liquidación.
Por ello, el juez aconseja procurar que se acompasen las percepciones correspondientes a la retribución arancelaria al estado de la liquidación, de modo que no se produzcan por esta causa tensiones de tesorería que pudieran desbaratar el funcionamiento de la empresa, mientras mantenga su actividad en todo o en parte, y las operaciones de venta proyectadas.
Indica asimismo que, dado el tiempo transcurrido desde la elaboración de los textos definitivos, los administradores concursales repuestos en el cargo, una vez lo acepten, presentarán un plan en el plazo de quince días hábiles para la realización de los bienes y derechos de cada una de las masas activas de los deudores concursados.
Acompañarán un inventario actualizado de las masas activas de los concursos, tomando como base el anterior y ajustando los valores bajo al nuevo escenario de liquidación, añade el auto.
Igualmente, se elaborará en el plazo máximo de tres meses a contar desde la aceptación un listado actualizado de acreedores a partir de la contabilidad de la deudora, así como otro de créditos contra la masa devengados y pendientes de pago a la fecha de presentación, con informe complementario acerca de los que sean de previsible generación.
El juez ordena anunciar la apertura de la liquidación en el Boletín Oficial del Estado y en un diario de ámbito nacional de entre los cinco de mayor difusión.
Insta también a la reapertura de la sección de calificación, en todos los concursos acumulados, a los efectos de determinar las causas del incumplimiento del convenio y de las responsabilidades a que hubiese lugar.
Contra este auto, firmado por el magistrado-juez del Juzgado de lo Mercantil Número 1 de A Coruña, Pablo González-Carreró Fojón, cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de A Coruña en un plazo de veinte días desde su notificación a las partes personadas.

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