Los itinerarios de inclusión centran las alegaciones a la renta social

El plazo para presentar alegaciones a la renta social municipal finaliza hoy, pero el PSOE y el BNG adelantaron ayer que entre sus principales preocupaciones figuran los itinerarios de inclusión social. A través de esta ayuda, el Gobierno municipal pretende otorgar prestaciones económicas a personas en situación de exclusión, que durante el período en el que reciban estas ayudas deberán participar en programas encaminados a favorecer su inserción en la sociedad.
La concejala socialista Silvia Longueira, presidenta de la comisión de Xustiza Social, expresó que entre los principales asuntos que se tratarán en las alegaciones de su formación están los equipos destinados a la inclusión social, ya que “de ellos dependerá en gran medida la labor de ponerla en práctica”.
“Nos preocupa de manera especial el trabajo coordinado con las asociaciones sociales y la puesta en marcha eficaz y efectiva del conjunto de profesionales que van a trabajar en esta renta social”, expresó la edil.
Mientras tanto, desde el grupo municipal del Bloque Nacionalista Galego explicaron ayer que una de las cuestiones fundamentales entre sus alegaciones es “unha concreción e definición dos itinerarios de inclusión activa”, aseguró la portavoz Avia Veira.
La nacionalista ya había adelantado esta situación en el pleno del pasado mes de junio, en el que la formación se abstuvo durante la aprobación inicial de la propuesta ya que encontraban lagunas. Desde que el Gobierno local publicó su propuesta inicial, el tema de los itinerarios de inclusión social ha sido uno de los más comentados por los grupos de la oposición, que han aprovechado el período de alegaciones para hacer sus aportaciones respecto a esta materia.
Además, desde el BNG presentaron otras enmiendas que hacen referencia al “acceso á renda a respecto da escolarización de menores se recolla nos mesmos termos que existen para a escolarización no sistema educativo estatal, modificar a parte da ordenanza para os casos nos que o aumento das unidades de convivencia sen aumento da renda no cómputo global e sen terse comunicado por erro ou omisión non sexa penalizábel ou a retirada da condición obrigada de acceso a unha vivenda no prazo de catro meses, entre outras cuestións”, señaló Veira.