domingo 25.08.2019

El Gobierno local busca que el próximo contrato de bibliotecas garantice la estabilidad de los trabajadores

La propuesta de la Marea Atlántica, que fue anulada, preveía una duración de seis meses

La junta de gobierno se reunió ayer en una sesión ordinaria | pedro puig
La junta de gobierno se reunió ayer en una sesión ordinaria | pedro puig

La resolución del Tribunal Administrativo de Contratación Pública da Comunidade Autonómica de Galicia (Tacgal) de anular el contrato licitado por la Marea Atlántica para las bibliotecas obliga al Gobierno local a redactar una nueva propuesta, para la que se estudiará que tenga una duración mayor que los seis meses que figuraban en el contrato que canceló ayer la junta de gobierno.


La alcaldesa, Inés Rey, explicó que desde el área de Cultura ya se encuentran trabajando para poner en marcha un nuevo contrato, cuya duración dependerá de los técnicos municipales.


Así, Inés Rey dejó la puerta abierta a que se plantee un nuevo contrato de una duración mayor que los seis meses que planteaba la Marea Atlántica, que mantenía la intención de promover este convenio antes de continuar con su intento de trasladar la gestión de las cinco bibliotecas implicadas a la Empresa Municipal de Vivienda, Servicios y Actividades (Emvsa), y que fue tumbado a finales del pasado mandato por la oposición ante la falta de garantías jurídicas y los informes contrarios.
El Tacgal dictaminó que se debía anular este contrato, que se planteó por la vía de negociado sin publicidad, tras la reclamación de una empresa que entendía que no se daban los criterios de “imperiosa urgencia” que alegó el Gobierno de la Marea para acudir a esta fórmula en la que se ofrece el contrato directamente a empresas.

El procedimiento se puso en marcha a finales del pasado mes de mayo, y menos de dos meses después fue considerado como nulo.
El objetivo del Gobierno local es “garantir a estabilidade dos traballadores e os seus salarios, e que o servizo se preste en óptimas condicións”, explicó ayer Inés Rey.

Reparos de legalidad
Ahora, una de las principales premisas con las que trabaja el Gobierno municipal es la de “sacar a nova licitación canto antes” para que las facturas de este servicio dejen de contar con reparos de legalidad, situación que se produce desde que hace unos meses expirase el anterior contrato y la concesionaria rechazase una prórroga.

Los reparos de legalidad que pone la intervención municipal sobre las facturas tienen efectos para el Ayuntamiento, como la necesidad de un mayor tiempo para hacer frente a sus pagos.


En el caso de las bibliotecas municipales no se trata de una situación inusual, ya que antes del último contrato que se estableció, que tuvo una duración de un año hasta el pasado mes de enero, fueron otros dos años en los que se pagaron las facturas con reparos de legalidad mientras el gobierno de la Marea buscaba fórmulas para la remunicipalización de las bibliotecas.

Además, el pasado mes de mayo, antes de que se plantease el nuevo contrato, el personal de las cinco bibliotecas implicadas convocó una huelga por el impago de su salario del mes anterior. Finalmente, el paro no se llegó a producir ya que se efectuó el pago, aunque lamentaron la situación de inseguridad que arrastran desde hace años.

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